En una sesión polémica, el pleno de la Cámara de Diputados, dominado por Morena y sus aliados, aprobó la Ley para Eliminar Trámites Burocráticos. Esta nueva legislación promete simplificar procesos administrativos, pero ha levantado una ola de críticas por lo que muchos consideran un peligro oculto: la creación de una “superagencia” con poderes que podrían facilitar el espionaje.
La ley introduce la “Llave MX”, un sistema digital ligado a la CURP que centralizará la información personal de los ciudadanos. Según Morena, esto agilizará trámites en los tres niveles de gobierno y combatirá la corrupción. Sin embargo, la oposición, encabezada por el PAN, denuncia que esta herramienta podría ser utilizada para vigilar a los mexicanos sin controles adecuados.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del PAN, acusó a Morena de violar el proceso legislativo al aprobar la ley sin un dictamen previo. Según él, la falta de transparencia en la discusión refleja las verdaderas intenciones del partido en el poder: consolidar el control sobre datos sensibles de la población.
Uno de los puntos más controvertidos es la designación de José Merino como líder de la Agencia Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos. Merino, conocido por su cercanía con Morena, será el encargado de manejar esta entidad, lo que ha generado sospechas sobre posibles abusos de poder y vigilancia masiva.
La oposición advierte que la “Llave MX” podría convertirse en un mecanismo para recolectar datos personales sin garantías de privacidad. El PAN ha señalado que la ley no establece límites claros sobre cómo se usará la información, lo que abre la puerta a violaciones de derechos humanos.
Morena, por su parte, defiende la ley como un paso hacia la modernización. Argumentan que reducir trámites y tiempos de respuesta mejorará la vida de los ciudadanos. Sin embargo, no han respondido a las acusaciones sobre la falta de consulta ciudadana ni a las críticas sobre el potencial de la ley para ser utilizada con fines políticos.
La aprobación de esta ley se da en medio de un clima de desconfianza hacia el gobierno federal. Organizaciones civiles y expertos en protección de datos han expresado su preocupación, exigiendo que se establezcan candados para evitar el mal uso de la información recopilada.
Mientras el debate continúa, la ciudadanía queda a la espera de cómo se implementará esta nueva legislación. Las promesas de eficiencia chocan con los temores de un mayor control gubernamental, dejando en el aire una pregunta clave: ¿es la “Llave MX” una herramienta para el progreso o un paso hacia la vigilancia total?
El PAN ya ha anunciado que buscará impugnar la ley en los tribunales, argumentando que su aprobación fue irregular y que pone en riesgo las libertades individuales. Por ahora, el futuro de esta controversial reforma sigue siendo incierto.