Marina Martínez, madre de la activista Sandra Domínguez, expresó su profundo dolor tras confirmarse que los restos de su hija y de su esposo, Alexander Hernández, fueron encontrados en fosas clandestinas en Veracruz. La pareja había desaparecido desde el 4 de octubre de 2024 en San Juan Cotzocón, Oaxaca, dejando un vacío en su familia y comunidad.
Sandra, una abogada mixe de 38 años, era conocida por su valiente lucha contra la violencia de género. En 2023, denunció a funcionarios estatales, incluido Donato Vargas, por participar en chats de WhatsApp que compartían contenido sexual de mujeres indígenas. Sus denuncias la convirtieron en blanco de amenazas, pero las autoridades no lograron protegerla.
El hallazgo de los cuerpos se dio el 24 de abril de 2025, tras un operativo en Santiago Sochiapan, Veracruz. Las autoridades localizaron dos fosas clandestinas en un camino de terracería. La identificación se confirmó por la dentadura, ropa y accesorios de Sandra, un proceso que realizaron sus hermanas.
La familia de Sandra pidió a la Fiscalía de Oaxaca no difundir la noticia hasta el 28 de abril, buscando procesar la pérdida en privado. Marina Martínez, devastada, lamentó que su hija no fuera encontrada con vida, como ella y su comunidad habían esperado durante los seis meses de búsqueda.
Las investigaciones apuntan a células criminales de Veracruz como responsables de la desaparición y asesinato de la pareja. Una mujer, Cruz Esmeralda R. M., fue detenida y enfrenta prisión preventiva por su presunta participación en el caso. Sin embargo, la justicia aún parece lejana para la familia.
A lo largo de la búsqueda, las autoridades enfrentaron críticas por su lentitud y falta de resultados. En octubre de 2024, se recuperó el teléfono de Sandra y su vehículo en Veracruz, pero no se avanzó en localizarla con vida. La detención de un sospechoso, P. S. V., tampoco arrojó pistas definitivas.
Un operativo en enero de 2025, destinado a capturar a implicados, terminó en un enfrentamiento que dejó cuatro muertos, incluido un agente federal. Pese a estos esfuerzos, la familia de Sandra señaló que las autoridades no priorizaron el caso, dejando a la comunidad mixe en luto.
Sandra leaves behind a 15-year-old son and a legacy of courage. Her mother’s words resonate: “No deberíamos estar buscando a nuestros hijos.” The tragedy underscores the persistent insecurity in Oaxaca and Veracruz, where activists like Sandra face deadly risks.
The case has sparked outrage among human rights defenders, who demand accountability and protection for those who speak out. Sandra’s fight against gender violence lives on, but her loss is a stark reminder of the dangers activists face in Mexico.
As the investigation continues, Marina Martínez and her family mourn a daughter, mother, and warrior whose voice was silenced too soon. The community of San Isidro Huayapam Mixe grieves with them, hoping for justice in a region plagued by violence.