La inseguridad en Nuevo León sigue siendo un problema que no da tregua. En los últimos días, líderes políticos y ciudadanos han alzado la voz para exigir al gobierno estatal medidas más contundentes para frenar la violencia que azota la entidad. La situación ha generado preocupación, especialmente tras los recientes reportes de crímenes en varios municipios.
El líder del PAN en Nuevo León, Policarpo Flores, fue claro al señalar que la inseguridad no solo se limita a las carreteras, sino que se extiende a diversas zonas urbanas y rurales. Según Flores, la presencia de grupos criminales en los límites con estados vecinos como Tamaulipas y San Luis Potosí agrava el panorama, poniendo en riesgo a miles de habitantes.
En este contexto, el gobierno de Samuel García ha sido cuestionado por su estrategia de seguridad. A pesar de que el mandatario ha presumido una reducción del 80 por ciento en delitos de alto impacto, los números no parecen convencer a la población. Los reportes de extorsión, asaltos y otros crímenes siguen siendo una constante en la vida diaria de los neoleoneses.
La presión ciudadana ha crecido en los últimos meses. Vecinos de municipios como Monterrey y Guadalupe han denunciado que la falta de patrullaje y la lentitud en la respuesta de las autoridades han permitido que la delincuencia se fortalezca. Este sentimiento de inseguridad ha llevado a protestas y llamados a la acción en redes sociales.
Por su parte, el gobierno estatal ha intentado responder con operativos conjuntos con la Federación. Hace unas semanas, se anunció la instalación de un nuevo destacamento en el sur de la entidad, en coordinación con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch. Sin embargo, estos esfuerzos parecen insuficientes ante la magnitud del problema.
Los datos oficiales no mienten: aunque las autoridades reportan una disminución en homicidios dolosos, con 377 casos en los primeros cinco meses de 2025, la extorsión ha aumentado un 16 por ciento en los últimos años. Este contraste genera dudas sobre la efectividad de las políticas actuales y la capacidad del gobierno para proteger a la ciudadanía.
La colaboración con estados vecinos como Coahuila y Tamaulipas ha sido destacada por algunos legisladores como un paso positivo. Sin embargo, críticos señalan que la falta de coordinación previa permitió que los delincuentes operaran con mayor libertad en las fronteras estatales, afectando la seguridad de toda la región.
La ciudadanía espera resultados concretos. Mientras tanto, la sensación de inseguridad persiste en Nuevo León, y las autoridades enfrentan el reto de recuperar la confianza de una población cansada de promesas. La pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo se tomarán medidas realmente efectivas para combatir la violencia?