La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado un paso que sacude el panorama judicial en México. La ministra Margarita Ríos Farjat presentó un proyecto que busca eliminar el carácter automático de la prisión preventiva oficiosa, una medida que ha sido pilar en la estrategia de seguridad de los gobiernos recientes. Este movimiento desata una tormenta de opiniones: ¿es un avance hacia la justicia o una puerta abierta a la impunidad?
El proyecto de Ríos Farjat, publicado el 17 de junio de 2025, propone reinterpretar el artículo 19 de la Constitución para que los jueces ya no impongan la prisión preventiva de forma automática. En lugar de encarcelar a los acusados de delitos graves sin análisis previo, se abriría un debate en cada caso. La medida busca alinearse con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha calificado esta práctica como violatoria de la presunción de inocencia.
La prisión preventiva oficiosa, vigente desde 2008, permite que una persona acusada de delitos como feminicidio, secuestro o narcomenudeo sea enviada a prisión sin que un juez evalúe si hay riesgo de fuga o peligro para la sociedad. Sus defensores, incluyendo al gobierno de Morena, argumentan que es esencial para combatir la inseguridad. Sin embargo, el proyecto de la ministra pone en jaque esta herramienta, cuestionando su efectividad y legalidad.
La discusión no es nueva. En 2023, la Corte Interamericana sancionó a México por mantener a dos hombres 17 años en prisión preventiva sin sentencia. Este caso emblemático, junto con críticas de organismos como la ONU, ha presionado a la Suprema Corte a revisar la figura. Ríos Farjat propone que el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República diseñen un esquema para revisar los casos, evitando liberaciones masivas que podrían generar caos.
El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha defendido a ultranza la prisión preventiva oficiosa. Desde los tiempos de López Obrador, se ha insistido en que esta medida es clave para frenar la delincuencia. La reciente reforma constitucional de diciembre de 2024, que amplió el catálogo de delitos con prisión preventiva, muestra el compromiso de Morena con esta estrategia. Pero, ¿está realmente funcionando o solo abarrota las cárceles?
Críticos del proyecto advierten que eliminar el carácter automático podría debilitar la lucha contra el crimen organizado. Gobernadores de todos los partidos, en una carta enviada a la Corte en mayo de 2024, pidieron mantener la medida, argumentando que garantiza la seguridad nacional. Por otro lado, defensores de derechos humanos celebran la propuesta, señalando que miles de personas, muchas sin sentencia, sufren en prisión por un sistema que no distingue entre culpables e inocentes.
El proyecto de Ríos Farjat requiere ocho votos en el Pleno de la Suprema Corte para ser aprobado, un desafío considerando la polarización en el tema. Si prospera, los jueces tendrían que justificar cada caso de prisión preventiva, lo que podría reducir el hacinamiento carcelario, pero también aumentar la carga de trabajo en los tribunales. La discusión, programada para los próximos meses, promete ser intensa.
La prisión preventiva oficiosa ha sido un arma de doble filo: por un lado, busca proteger a la sociedad; por otro, ha generado detenciones arbitrarias. Mientras México enfrenta una ola de violencia, la Suprema Corte tiene en sus manos una decisión que podría transformar el sistema penal. ¿Se priorizarán los derechos humanos o la mano dura contra el crimen? El debate está abierto.