El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, visitó Teuchitlán para entregar paquetes escolares del programa Listo Jalisco, pero su mensaje se centró en defender la imagen del municipio tras el escándalo del Rancho Izaguirre. Este lugar, señalado como un campo de adiestramiento y exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación, ha puesto a Teuchitlán en el ojo público, generando una percepción negativa que Lemus calificó como injusta.
Durante su discurso, el mandatario estatal expresó su molestia por la estigmatización del municipio. Argumentó que asociar a Teuchitlán con las atrocidades descubiertas en el rancho es un trato desproporcionado hacia una comunidad que, según él, está formada por personas trabajadoras y honestas. Sin embargo, no ofreció detalles concretos sobre los avances en la investigación del caso, que sigue generando indignación a nivel nacional.
El Rancho Izaguirre, ubicado en la comunidad de La Estanzuela, fue intervenido por la Guardia Nacional en septiembre de 2024, tras un enfrentamiento con sicarios. En ese operativo se detuvieron a 10 personas y se rescataron a dos secuestradas, pero las autoridades estatales no encontraron entonces evidencia de fosas clandestinas ni crematorios. Fue hasta marzo de 2025 cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció el hallazgo de restos óseos, cientos de prendas y objetos personales, revelando la magnitud del horror en el lugar.
Lemus insistió en que Teuchitlán es más que el caso del rancho y destacó la riqueza cultural y turística de la región, famosa por sus zonas arqueológicas y su ambiente tranquilo. Anunció apoyos para reactivar la economía local, como la promoción del turismo y la entrega de más recursos a través de programas sociales. Sin embargo, su mensaje omitió referencias a posibles omisiones de su gobierno o de la administración anterior en las investigaciones iniciales.
El caso del Rancho Izaguirre ha destapado críticas hacia la Fiscalía de Jalisco, acusada por la Fiscalía General de la República de al menos 13 fallas en la investigación inicial. Entre estas, la falta de un peritaje exhaustivo y la omisión de testimonios clave de vecinos y autoridades locales. La FGR asumió el control del caso en marzo de 2025, tras la presión de colectivos y la opinión pública.
A pesar de las detenciones recientes, incluyendo la de José Gregorio “El Lastra”, presunto reclutador del CJNG, y tres expolicías municipales, las familias de las víctimas siguen exigiendo respuestas claras. Los colectivos de búsqueda han denunciado que las autoridades han minimizado la gravedad del caso, mientras que la ONU ha pedido medidas cautelares para proteger los restos y garantizar la seguridad de los buscadores.
Lemus aseguró que su gobierno colabora con la FGR, pero su reticencia a abordar el tema de fondo durante su visita a Teuchitlán ha generado cuestionamientos. La falta de transparencia en los avances de la investigación contrasta con su llamado a no estigmatizar al municipio, lo que ha sido percibido como un intento de desviar la atención de las responsabilidades pendientes.
La situación en Teuchitlán refleja un problema más amplio en Jalisco, el estado con más desapariciones en México, con casi 15 mil casos registrados. La tragedia del Rancho Izaguirre no solo expone la brutalidad del crimen organizado, sino también las fallas en la coordinación entre autoridades locales y federales, dejando a las víctimas y sus familias en un limbo de incertidumbre.