La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, comenzó a cumplir una condena de seis años en prisión domiciliaria tras ser hallada culpable en el caso Vialidad. La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal 2, que le otorgó este beneficio por tener más de 70 años.
La condena incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, un golpe significativo para la líder del peronismo, quien sigue siendo una figura clave en la oposición argentina. Fernández, de 72 años, cumplirá su sentencia en su departamento en el barrio de Constitución, en Buenos Aires, bajo monitoreo con tobillera electrónica.
El caso Vialidad investigó irregularidades en la asignación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo. Se le acusó de favorecer al empresario Lázaro Báez, quien también está condenado, en contratos millonarios durante su gobierno entre 2007 y 2015.
La Corte Suprema de Argentina rechazó los recursos de apelación presentados por la defensa de Fernández, dejando la sentencia en firme. Esto marcó un hito, ya que es la primera vez que un expresidente argentino enfrenta una condena confirmada por corrupción.
El tribunal decidió notificar a Fernández por escrito, evitando su traslado a los tribunales para prevenir grandes movilizaciones de sus seguidores. El peronismo había anunciado “la manifestación popular más grande de la historia” en apoyo a la expresidenta.
La defensa de Fernández, liderada por el abogado Carlos Beraldi, ha denunciado el caso como un ejemplo de “lawfare”, argumentando que se trata de una persecución judicial contra opositores políticos. Planean llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El fallo también limitó las apariciones públicas de Fernández, restringiendo sus salidas al balcón y las visitas que puede recibir. Estas medidas buscan reducir la tensión política en un contexto de polarización en Argentina.
La condena ha generado un intenso debate en el país. Mientras sus detractores celebran la decisión como un avance contra la corrupción, sus seguidores la consideran una injusticia y un ataque a la democracia.
El impacto político de esta sentencia es innegable. Fernández, quien buscaba candidatearse como legisladora en las próximas elecciones, enfrenta ahora un futuro incierto en su carrera política.
El caso Vialidad seguirá siendo un punto de controversia, reflejando las profundas divisiones en la sociedad argentina sobre el legado del kirchnerismo y el rol de la justicia en la política.