La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, comenzó a cumplir una condena de seis años de prisión domiciliaria tras ser encontrada culpable de corrupción. La decisión fue tomada por un tribunal federal el pasado martes, permitiéndole permanecer en su apartamento en Buenos Aires.
Fernández fue condenada en 2022 por irregularidades en la concesión de obras públicas durante su mandato entre 2007 y 2015. La sentencia también incluye una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, marcando un hito en la historia política del país.
El tribunal otorgó la prisión domiciliaria considerando la edad de la exmandataria, de 72 años, y razones de seguridad. En 2022, Fernández fue víctima de un intento de asesinato, lo que reforzó los argumentos de su defensa para evitar una cárcel común.
La medida judicial incluye el uso obligatorio de una tobillera electrónica para monitorear sus movimientos. Además, Fernández no podrá abandonar su domicilio salvo en casos excepcionales, los cuales deberán ser justificados ante las autoridades.
La expresidenta ha denunciado que su condena es parte de una persecución política orquestada por sus opositores. En redes sociales, ha comparado su situación con la de otros líderes latinoamericanos, como Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.
El fallo ha generado una fuerte polarización en Argentina. Simpatizantes de Fernández se han congregado frente a su residencia en el barrio de Constitución, mostrando apoyo con pancartas y mensajes.
Por su parte, el Partido Justicialista, al que pertenece Fernández, ha convocado a una movilización masiva en respuesta a la sentencia. Se espera que esta concentración refleje el peso político que aún conserva la exmandataria.
El caso, conocido como “Causa Vialidad”, involucró la asignación de contratos de obras viales en la provincia de Santa Cruz, un bastión político de Fernández y su fallecido esposo, Néstor Kirchner.
La justicia determinó que Fernández participó en una red que favoreció a un empresario cercano en licitaciones millonarias. Sin embargo, ella sostiene que las acusaciones carecen de pruebas sólidas.
Este desenlace judicial reconfigura el escenario político argentino, especialmente en un año clave de transición. La figura de Cristina Fernández sigue siendo un punto de referencia para el peronismo, aunque su futuro político permanece incierto.