En León, Guanajuato, la violencia contra las mujeres trans ha alcanzado niveles alarmantes. En el último año, el Instituto Municipal de las Mujeres (Immujeres) ha atendido a cinco víctimas de agresiones, principalmente físicas, que reflejan un problema creciente de inseguridad y discriminación en la ciudad.
Según la directora de Immujeres, Mónica Maciel Méndez, las agresiones han sido cometidas en su mayoría por las parejas de las víctimas. Estas personas, al tener control económico, han expulsado a las mujeres trans de sus hogares, dejándolas en una situación de extrema vulnerabilidad.
El acompañamiento ofrecido por Immujeres incluye apoyo psicológico, asesoría legal y, en algunos casos, ayuda para encontrar refugio. Sin embargo, la falta de recursos y la magnitud del problema dificultan una respuesta integral frente a esta ola de violencia.
La situación no es nueva. En años anteriores, organizaciones como Guanajuato Libre han denunciado detenciones arbitrarias y agresiones contra personas trans por parte de la Policía Municipal de León. A pesar de las quejas, las autoridades locales no han implementado medidas efectivas para frenar estos abusos.
La violencia contra las mujeres trans en León se suma a un contexto nacional preocupante. En 2024, al menos 13 mujeres trans fueron asesinadas en México, según datos de organizaciones civiles, lo que evidencia una crisis de crímenes de odio que no ha sido atendida adecuadamente.
En la ciudad, colectivos y activistas han exigido justicia y políticas públicas que protejan a la comunidad trans. Entre sus demandas están la capacitación de las fuerzas policiales y la creación de refugios especializados para víctimas de violencia de género.
La respuesta del gobierno municipal ha sido limitada. Aunque se han ofrecido disculpas públicas en casos pasados, como el de 2022, las acciones concretas para garantizar la seguridad de las personas trans siguen siendo insuficientes.
La discriminación y la falta de acceso a empleos formales agravan la situación. Muchas mujeres trans se ven obligadas a trabajar en condiciones precarias, lo que las expone aún más a la violencia y al rechazo social.
Este panorama refleja un problema estructural que va más allá de León. La violencia contra las mujeres trans es un síntoma de la intolerancia y la falta de políticas inclusivas en todo el país.
Mientras las autoridades no actúen con decisión, las mujeres trans seguirán enfrentando un entorno hostil, donde su seguridad y sus derechos fundamentales están en constante riesgo.