La Ley Silla comenzó a aplicarse en el Estado de México, pero su implementación ha dejado más dudas que respuestas. Esta reforma, que obliga a los empleadores a proporcionar asientos con respaldo a los trabajadores, busca mejorar las condiciones laborales, especialmente para quienes pasan largas jornadas de pie. Sin embargo, la falta de información clara y las omisiones en su aplicación han generado confusión en el sector público y privado.
En el sector público, la propuesta de Movimiento Ciudadano para incluir a los servidores públicos en esta ley apenas está en análisis. La iniciativa pretende garantizar que las dependencias estatales y municipales proporcionen sillas ergonómicas a sus empleados. Aunque los legisladores han mostrado apoyo, aún no hay un plazo definido para su aprobación, lo que retrasa los beneficios para miles de trabajadores.
El objetivo de la Ley Silla es claro: mitigar los problemas de salud causados por permanecer de pie durante horas. Dolores de espalda, problemas en las articulaciones y várices son solo algunos de los males que busca prevenir. Sin embargo, la falta de difusión sobre cómo implementar esta medida ha dejado a muchas empresas y dependencias sin un plan claro para cumplir con la normativa.
En el sector privado, la situación no es mejor. A pesar de que la ley entró en vigor a nivel federal el 17 de junio, muchas empresas aún no han adaptado sus espacios de trabajo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene 30 días para emitir lineamientos sobre los riesgos de posturas prolongadas, pero hasta ahora no hay avances significativos en las inspecciones o sanciones.
Los trabajadores, principales beneficiados de esta reforma, enfrentan un panorama incierto. Cajeros, empleados de tiendas y otros que pasan horas de pie no saben cómo exigir este derecho. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo ha habilitado líneas telefónicas para denuncias, pero la falta de campañas informativas limita su alcance.
Las multas por incumplimiento, que van de 28 mil a 282 mil pesos, buscan ser un incentivo para que las empresas se ajusten a la ley. Sin embargo, sin una fiscalización efectiva, muchos empleadores podrían ignorar la normativa. En el Estado de México, donde el aparato burocrático es extenso, la implementación en el sector público enfrenta retos adicionales por la falta de recursos y planeación.
La propuesta de Movimiento Ciudadano destaca que 159 mil servidores públicos podrían beneficiarse si la ley se aplica en el sector público. Sin embargo, la lentitud en el Congreso local y la falta de coordinación con el gobierno estatal han generado críticas. Los trabajadores esperan que esta reforma no quede solo en buenas intenciones.
La Ley Silla representa un avance en los derechos laborales, pero su arranque en el Estado de México muestra las fallas de un sistema que no comunica ni actúa con rapidez. Mientras los legisladores discuten, los trabajadores siguen de pie, esperando que las promesas de mejores condiciones laborales se hagan realidad.