La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha puesto el dedo en la llaga al evaluar el sistema penitenciario de Chihuahua, otorgándole una calificación de apenas 7.19. Este diagnóstico expone problemas estructurales que afectan a los reclusos y reflejan un sistema penitenciario con serias carencias.
Uno de los principales señalamientos es la alarmante falta de personal custodio en los centros penitenciarios, lo que compromete la seguridad y el control dentro de las cárceles. Esta situación genera un entorno vulnerable para los internos y el personal que labora en estos lugares.
El Centro de Reinserción Social No. 1 de Aquiles Serdán, con 2,397 reclusos, obtuvo una calificación intermedia de 6.95. Aunque se reconocen mejoras en el área médica y en programas de vinculación familiar, persisten problemas graves que afectan los derechos humanos de los internos.
Un aspecto crítico es la mezcla de población procesada y sentenciada en el mismo espacio, una práctica que la CNDH considera una violación a los derechos humanos. Esta situación genera tensiones y dificulta la gestión adecuada de los reclusos.
Además, se detectaron deficiencias en los programas de rehabilitación para internos con problemas de adicciones. La falta de estrategias efectivas en este ámbito limita las posibilidades de una reinserción social exitosa, un pilar fundamental para reducir la reincidencia delictiva.
A nivel comparativo, Chihuahua se posiciona por encima de estados como Guerrero y Tabasco, pero queda rezagado frente a Querétaro y Nuevo León, que lideran en mejores condiciones penitenciarias. Este panorama refleja la necesidad urgente de reformas en el sistema.
Entre las recomendaciones de la CNDH está atender el hacinamiento en el CERESO de Ciudad Juárez, un problema que lleva años sin resolverse. También se urge a fortalecer los programas de reinserción social para garantizar que los internos puedan reincorporarse a la sociedad de manera efectiva.
El diagnóstico estatal aún está en proceso y se espera que la Comisión Estatal de Derechos Humanos publique su informe en octubre. Mientras tanto, las autoridades de Chihuahua enfrentan el reto de implementar cambios que garanticen el respeto a los derechos humanos en sus cárceles.
Este informe pone en evidencia que, a pesar de algunos avances, el sistema penitenciario de Chihuahua requiere una atención urgente para superar sus deficiencias estructurales y operativas.