En el corazón de Chiapas, 14 familias indígenas tzotziles del Ejido Puebla, en Chenalhó, llevan nueve años viviendo en condiciones inhumanas tras ser desplazadas por la violencia. Este lunes, alzaron la voz frente al Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, exigiendo una reubicación digna que les permita reconstruir sus vidas.
Estas familias, víctimas de un desplazamiento forzado en 2016, han soportado casi una década en un campamento improvisado en San Cristóbal de Las Casas. Hacinados en lo que antes era una granja de pollos, enfrentan carencias de agua, luz y espacios adecuados, dependiendo de la ayuda de organizaciones civiles para sobrevivir.
Aracely Gómez López, vocera del grupo, denunció la presión de autoridades estatales para que regresen a sus comunidades sin garantías de seguridad. Recordó el asesinato de su padre, Guadalupe Cruz Hernández, en 2016, y señaló que los responsables siguen libres, lo que hace imposible un retorno seguro.
El conflicto que desató su desplazamiento está ligado a disputas agrarias y la presencia de grupos armados en Chenalhó. A pesar de las promesas gubernamentales, las órdenes de aprehensión contra los culpables no se han ejecutado, dejando a estas familias en un limbo de incertidumbre y miedo.
En su protesta, las familias dejaron claro que no buscan solo promesas vacías. Quieren un terreno donde puedan trabajar, construir viviendas dignas y garantizar la educación de sus hijos. “No queremos seguir viviendo como animales”, afirmó Gómez López, reflejando el cansancio de años de lucha.
El gobierno de Chiapas, encabezado por Rutilio Escandón, ha sido señalado por su inacción. Aunque los desplazados han solicitado reuniones con las autoridades desde 2021, las respuestas han sido evasivas, limitándose a despensas insuficientes que no resuelven el problema de fondo.
Organizaciones de derechos humanos, como el Centro Fray Bartolomé de Las Casas, han respaldado la exigencia de una solución integral. Advierten que la situación en Chenalhó refleja un problema estructural de violencia y abandono hacia las comunidades indígenas en México.
La marcha en Tuxtla Gutiérrez no es la primera ni será la última, advierten los desplazados. Sin una reubicación efectiva, planean intensificar sus protestas, incluyendo caravanas y bloqueos, para visibilizar su lucha y presionar por una respuesta definitiva.
El caso de estas 14 familias es un recordatorio de las heridas abiertas en Chiapas, donde la violencia y la impunidad han desplazado a miles. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en 2024, Chiapas fue el estado con más desplazamientos internos en México, con 26 mil víctimas.
Mientras las familias tzotziles esperan justicia y un nuevo comienzo, su resistencia destaca la urgencia de atender el abandono institucional que perpetúa la marginación de los pueblos indígenas en el país.