Más de una decena de familias indígenas tzotziles en Chiapas han levantado la voz para exigir al gobierno estatal una reubicación digna. Han pasado nueve años desde que la violencia los obligó a abandonar sus hogares, y su situación sigue sin resolverse.
En 2016, estas familias, originarias del municipio de Chenalhó, fueron desplazadas por enfrentamientos entre grupos armados. Desde entonces, viven hacinadas en un campamento provisional en San Cristóbal de las Casas, enfrentando condiciones que ellos mismos describen como inhumanas.
Araceli Cruz, portavoz de las 14 familias afectadas, relató el sufrimiento que han padecido. Además de perder sus hogares, enfrentaron la tragedia de la desaparición y asesinato de su familiar, Guadalupe Cruz Hernández. Su testimonio refleja la vulnerabilidad en la que viven desde hace casi una década.
Las condiciones en el campamento son precarias. Alonso Gutiérrez, padre de ocho hijos, explicó que los techos de sus refugios improvisados dejan pasar el agua y el frío. Los niños y bebés son los más afectados, y las familias han tenido que cubrir los techos con plásticos que se rompen con el sol y la lluvia.
La exigencia de las familias es clara: una solución integral que incluya seguridad y una vivienda digna. Cruz hizo un llamado directo al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, para que se establezca un diálogo y se trace una ruta de trabajo concreta, algo que, según ella, no existe hasta el momento.
Organizaciones locales e internacionales han denunciado que el desplazamiento forzado es un problema grave en Chiapas. Aunque no hay cifras exactas, se estima que entre 16 mil y 21 mil personas han sido desplazadas en los últimos años debido a la violencia, conflictos agrarios y violaciones a los derechos humanos.
El caso de estas familias tzotziles no es aislado. La violencia en la región ha obligado a miles a abandonar sus comunidades, dejando atrás sus tierras y medios de vida. Las autoridades han sido señaladas por su falta de acción para garantizar la seguridad y el retorno de los desplazados.
A pesar de los años de espera, las familias no pierden la esperanza. Su lucha es por un futuro digno para sus hijos, lejos de la vulnerabilidad y el abandono. Sin embargo, la ausencia de una respuesta clara del gobierno estatal mantiene su situación en la incertidumbre.
Este drama humano pone en evidencia los retos que enfrenta Chiapas en materia de seguridad y derechos humanos. Mientras las familias desplazadas sigan sin soluciones, su clamor por justicia seguirá resonando en el estado.