En un acuerdo que ha generado revuelo, diversas congregaciones evangélicas de Nuevo León han firmado un convenio con el gobierno estatal para recibir apoyos en materia de salud. La iniciativa, encabezada por el gobernador Samuel García, busca acercar servicios médicos a comunidades religiosas, pero no está exenta de cuestionamientos.
El convenio, anunciado el 17 de junio de 2025, incluye la entrega de recursos para brigadas médicas, consultas gratuitas y acceso a medicamentos en zonas donde operan las congregaciones. Según el gobierno estatal, el objetivo es atender a sectores vulnerables que forman parte de estas comunidades.
Representantes de las iglesias evangélicas han celebrado el acuerdo, destacando que permitirá mejorar la calidad de vida de sus feligreses. Líderes religiosos aseguraron que las brigadas de salud llegarán a colonias marginadas, donde la atención médica es limitada.
Sin embargo, la alianza ha despertado sospechas entre algunos sectores. Críticos señalan que el gobierno de Movimiento Ciudadano, liderado por García, podría estar utilizando el convenio como una estrategia para ganar simpatías de cara a futuros procesos electorales.
El gobernador defendió la iniciativa, afirmando que se trata de un esfuerzo por unir fuerzas con todos los sectores de la sociedad. García destacó que su administración ha trabajado en programas similares con otras organizaciones, aunque no especificó cuáles.
Por su parte, analistas políticos advierten que este tipo de acuerdos pueden generar una peligrosa mezcla entre política y religión. La separación entre Estado e Iglesia, consagrada en la Constitución, podría estar en entredicho si los apoyos se usan con fines partidistas.
Miembros de la oposición en el Congreso local han exigido transparencia en la asignación de los recursos. Diputados de Morena y el PAN coincidieron en que se debe garantizar que los apoyos lleguen a la población y no se desvíen para promover agendas políticas.
A pesar de las críticas, las congregaciones evangélicas han comenzado a organizar las primeras brigadas de salud. En las próximas semanas, se espera que los servicios médicos lleguen a comunidades en Monterrey, Guadalupe y Apodaca.
El impacto real de este convenio aún está por verse. Mientras algunos lo ven como un paso positivo para atender necesidades urgentes, otros lo consideran un movimiento calculado en un contexto político cada vez más competitivo.
La sociedad de Nuevo León observa con atención. La pregunta persiste: ¿es este un esfuerzo genuino por mejorar la salud de las comunidades o una maniobra para fortalecer la imagen del gobierno estatal?