Una nueva controversia sacude la relación entre el gobierno federal y Chihuahua. Según declaraciones de Juan Carlos Loera Talamantes, delegado de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHYBC), el estado no ha recibido el convenio de colaboración que la Federación debía enviar. Este documento es crucial para garantizar recursos y apoyo a los programas sociales en la entidad.
La ausencia del convenio pone en riesgo más del 60 por ciento del presupuesto de la SDHYBC, según Loera Talamantes. Firmar un acuerdo en estas condiciones, sin claridad ni compromiso federal, sería comprometer los recursos del estado sin garantías. La situación genera incertidumbre sobre el futuro de los programas sociales que benefician a miles de chihuahuenses.
El delegado señaló que el gobierno de Claudia Sheinbaum no ha mostrado disposición para resolver este problema. La falta de comunicación y coordinación con las autoridades estatales refleja, según él, una centralización excesiva que ignora las necesidades locales. Chihuahua, como otros estados, queda a la deriva ante la indiferencia federal.
Esta no es la primera vez que el gobierno federal y Chihuahua chocan. En los últimos meses, el estado ha denunciado recortes presupuestales y falta de apoyo en temas clave como infraestructura hídrica y seguridad. La omisión del convenio agrava estas tensiones, dejando a la población como la principal afectada.
Loera Talamantes criticó que la Federación priorice agendas políticas sobre las necesidades reales de los estados. Mientras el gobierno federal presume avances en programas sociales, en Chihuahua la realidad es otra: sin el convenio, los recursos para atender a los sectores más vulnerables están en riesgo.
El impacto de esta situación podría sentirse en los próximos meses. Programas de apoyo a mujeres, adultos mayores y comunidades indígenas podrían enfrentar recortes o suspensiones. La falta de un acuerdo claro con la Federación pone en jaque la planeación estatal y la estabilidad social.
Por su parte, el gobierno estatal ha intentado mitigar el problema con recursos propios, pero la carga es insostenible sin el respaldo federal. Autoridades locales han exigido una respuesta inmediata, pero hasta el momento, no hay avances concretos desde la Ciudad de México.
La ciudadanía chihuahuense observa con preocupación este nuevo desencuentro. La falta de un convenio no es solo un problema burocrático; es una señal de que las prioridades del gobierno federal están lejos de atender las demandas de los estados. La incertidumbre crece mientras Chihuahua espera una solución que no llega.