En el estado de Chihuahua, 84 mil menores de 15 años son víctimas de trabajo infantil, una cifra que expone una grave problemática social. Según datos del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sippina), esta situación afecta a miles de infantes que, en muchos casos, se ven obligados a trabajar para contribuir a la economía familiar. La falta de acción efectiva por parte de las autoridades agrava este panorama, dejando a estos menores en condiciones de vulnerabilidad extrema.
A pesar de que Chihuahua se encuentra por debajo de la media nacional con una tasa de 10.1 por ciento, tres puntos menos que el promedio del país, la situación no es menos preocupante. Estados como Guerrero encabezan la lista con un alarmante 24.5 por ciento, pero en Chihuahua, la precariedad laboral y la pobreza estructural son factores clave que perpetúan esta problemática. Las comunidades indígenas y rurales son las más afectadas, donde la falta de acceso a educación y servicios básicos empuja a los menores al trabajo desde edades tempranas.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) señala que el trabajo infantil en México está ligado a desigualdades económicas y sociales. La precariedad laboral de los adultos fuerza a muchos menores a abandonar sus estudios para generar ingresos, perpetuando un ciclo de pobreza. En Chihuahua, esta realidad es particularmente cruda en zonas rurales, donde las oportunidades educativas son limitadas y la pobreza extrema es una constante.
El 12 de junio se conmemoró el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, una fecha que busca visibilizar esta problemática global. A nivel mundial, 250 millones de niños trabajan, y más de 150 millones lo hacen en condiciones peligrosas. En México, el problema no es menor, con más de un millón de menores víctimas de explotación laboral, incluyendo casos de tráfico humano. Estas cifras reflejan una crisis que requiere atención urgente y políticas públicas efectivas.
En Chihuahua, el DIF Estatal ha intentado abordar esta problemática. Entre enero y junio de 2025, se atendieron 126 casos de trabajo infantil a través de operativos en cruceros, según datos recientes. En 2024, se registraron 99 casos, y en 2023, 83, lo que indica un aumento preocupante. A pesar de estos esfuerzos, la falta de coordinación y recursos suficientes limita el impacto de las acciones gubernamentales.
El programa “La Calle No Es Su Lugar” del DIF Estatal busca ofrecer espacios seguros para los menores, con alimentación, atención especializada y actividades educativas. Sin embargo, la magnitud del problema supera las capacidades actuales de las instituciones. La ausencia de políticas integrales que ataquen las causas estructurales, como la pobreza y la falta de educación, permite que el trabajo infantil persista en el estado.
La Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CITI) coordina acciones entre secretarías para proteger los derechos de los menores. Entre sus objetivos está reintegrarlos a la escuela y garantizar entornos seguros. Sin embargo, la falta de recursos y la ineficacia en la implementación de estas medidas han sido una constante, dejando a miles de niños sin protección adecuada.
La situación de los menores en Chihuahua es un reflejo de un problema más amplio en México. La explotación laboral infantil no solo priva a los niños de su infancia, sino que perpetúa la desigualdad y limita sus oportunidades de desarrollo. La ciudadanía debe estar informada sobre esta realidad, ya que la indiferencia y la falta de acción contribuyen a que esta crisis persista.
La pobreza extrema y la falta de acceso a servicios básicos son los principales impulsores del trabajo infantil. En comunidades marginadas, los menores enfrentan condiciones de trabajo peligrosas, desde labores agrícolas hasta actividades en la calle. Estas circunstancias no solo afectan su salud física, sino también su bienestar emocional y su futuro.
La conmemoración del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil debe ser más que una fecha simbólica. Es un recordatorio de la urgente necesidad de incrementar los presupuestos y fortalecer las políticas públicas para erradicar esta práctica. Mientras las autoridades no actúen con decisión, miles de menores en Chihuahua y en todo México seguirán siendo víctimas de un sistema que los condena a la explotación.