El Congreso de Jalisco ha dado un paso que pone en riesgo la transparencia en el estado. Con una decisión que ha generado controversia, los legisladores locales aprobaron la extinción del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI), transfiriendo sus funciones a la Contraloría del Estado. Esta reforma, impulsada por una alianza entre Movimiento Ciudadano y Morena, ha desatado críticas por su impacto en el acceso a la información pública.
La desaparición del ITEI significa que el gobierno estatal ahora tendrá el poder de auditarse a sí mismo. Este cambio, según expertos, podría generar un limbo legal en el que la rendición de cuentas se vea comprometida. Organizaciones civiles y defensores de la transparencia han advertido que esta medida debilita los mecanismos que permiten a los ciudadanos vigilar el uso de los recursos públicos.
La reforma fue aprobada en un contexto de cuestionamientos sobre la gestión del gobierno saliente de Enrique Alfaro. Durante su administración, se han señalado múltiples irregularidades, como la asignación de notarías a familiares de funcionarios y exgobernadores, lo que ha alimentado acusaciones de nepotismo. La extinción del ITEI parece ser un paso más en una tendencia hacia la opacidad.
Críticos como Laura Haro, excandidata a la gubernatura, han señalado que esta alianza entre Movimiento Ciudadano y Morena busca proteger intereses políticos en lugar de priorizar a los ciudadanos. La falta de un organismo autónomo para garantizar el acceso a la información pública podría dificultar que los jaliscienses obtengan datos sobre el manejo de los recursos del estado.
Por su parte, algunos legisladores de Morena han defendido la reforma, argumentando que la Contraloría del Estado está capacitada para asumir estas responsabilidades. Sin embargo, esta postura ha sido cuestionada, ya que la Contraloría depende directamente del gobierno estatal, lo que podría generar conflictos de interés al momento de revisar las cuentas públicas.
La sociedad civil ha reaccionado con preocupación. Organizaciones como Conciencia Pública han calificado esta decisión como un retroceso democrático. Según ellos, la eliminación del ITEI no solo afecta la transparencia, sino que también envía un mensaje de que el gobierno prefiere operar sin escrutinio ciudadano.
El impacto de esta reforma se sentirá especialmente en un estado como Jalisco, donde la ciudadanía ha exigido mayor claridad en temas como el presupuesto, la seguridad y el manejo de recursos públicos. Sin un organismo independiente que supervise estas áreas, la confianza en las instituciones podría erosionarse aún más.
A medida que el nuevo gobierno estatal asume el poder, la extinción del ITEI plantea un desafío para la próxima administración. Los ciudadanos esperan que se tomen medidas para garantizar que la información pública siga siendo accesible y que la rendición de cuentas no se convierta en una mera formalidad.
Esta decisión llega en un momento en que Jalisco enfrenta otros retos, como la inseguridad y la percepción de corrupción en el ámbito político. La falta de transparencia podría agravar estos problemas, dificultando que los jaliscienses exijan soluciones efectivas a sus gobernantes.
El futuro de la transparencia en Jalisco está en entredicho. Mientras los ciudadanos y las organizaciones civiles buscan formas de contrarrestar esta reforma, el mensaje es claro: la opacidad no puede ser la norma en un estado que aspira a ser ejemplo de buen gobierno.