El viernes pasado, Culiacán fue escenario de una reunión urgente entre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla. El motivo: la escalada de violencia que azota al estado, con un repunte alarmante de homicidios dolosos, robos de vehículos y secuestros.
Sinaloa vive momentos críticos. Solo en mayo, los delitos de alto impacto alcanzaron cifras récord en 2025, y junio comenzó con un promedio de siete asesinatos cada 24 horas. La reunión en Culiacán buscó diseñar una estrategia para contener esta crisis, pero las promesas de acción no calman la preocupación de los sinaloenses, que ven su seguridad cada vez más comprometida.
En la mesa de diálogo, se acordó desplegar 1,600 elementos adicionales: 400 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y 1,200 del Ejército Mexicano. Estos refuerzos se concentrarán en los llamados “polígonos de atención prioritaria”, zonas donde los delitos violentos son recurrentes. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿será suficiente para frenar la ola de inseguridad?
Rubén Rocha Moya aseguró que la estrategia incluye mayor vigilancia, inteligencia y la instalación de cámaras de videovigilancia en puntos clave. También se mejorará la iluminación en espacios públicos oscuros, que se han convertido en focos de delincuencia. Pero estas medidas, aunque necesarias, parecen llegar tarde para un estado que lleva meses bajo el asedio del crimen.
Omar García Harfuch, encargado de diseñar el plan, prometió que los recursos federales respaldarán estas acciones. No obstante, la falta de resultados concretos en el pasado genera escepticismo entre la población. Los sinaloenses exigen no solo promesas, sino acciones efectivas que devuelvan la tranquilidad a sus comunidades.
La presencia de 200 elementos adicionales de las Fuerzas Especiales, conocidos como “Murciélagos”, y 400 más de la Guardia Nacional fue otro anuncio destacado. Estos refuerzos se suman a los ya desplegados, pero la magnitud del problema sugiere que el camino hacia la paz será largo y complicado.
La reunión no es un hecho aislado. Desde octubre de 2024, Sinaloa ha sido foco de atención federal debido a los enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa. En 100 días, la violencia dejó más de 600 asesinatos y 900 personas privadas de su libertad, cifras que reflejan la gravedad de la situación.
Rocha Moya agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero las críticas no se hicieron esperar. Muchos cuestionan por qué el gobierno federal no actuó antes, permitiendo que la inseguridad se desbordara. Mientras tanto, los sinaloenses viven con miedo, atrapados en un estado donde la violencia parece no tener fin.
La estrategia será evaluada en las próximas semanas, según el gobernador. Sin embargo, la paciencia de los ciudadanos se agota. La falta de coordinación previa entre autoridades estatales y federales ha sido un obstáculo evidente, y ahora la presión recae en Harfuch y Trevilla para demostrar que esta nueva fase operativa marcará la diferencia.
Sinaloa espera resultados urgentes. La seguridad no puede seguir siendo una promesa vacía. Los habitantes del estado merecen vivir sin temor, pero el panorama actual solo refleja un gobierno rebasado por la delincuencia y una sociedad que clama por soluciones reales.