El Congreso de Jalisco aprobó recientemente la desaparición del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI), un organismo autónomo que durante dos décadas garantizó el acceso a la información pública en el estado. La decisión, respaldada por las bancadas de Movimiento Ciudadano, Morena, Hagamos, Futuro, Verde y Partido del Trabajo, ha generado críticas por parte de académicos, especialistas y partidos de oposición como el PRI y el PAN.
En lugar del ITEI, las funciones de transparencia serán asumidas por la Contraloría del Estado, una dependencia que ahora tendrá la responsabilidad de exigir rendición de cuentas al gobierno estatal, municipios y organismos públicos. Sin embargo, esta transición ha levantado preocupaciones, ya que la Contraloría podría actuar como juez y parte al supervisar la transparencia del propio gobierno al que pertenece.
El gobernador Pablo Lemus ha defendido la creación de un nuevo organismo desconcentrado dentro de la Contraloría, que se encargaría específicamente de garantizar el acceso a la información. Según Lemus, este ente incluiría la participación de universidades, académicos y actores independientes para vigilar el uso de los recursos públicos. No obstante, la falta de un plan claro de transición ha generado incertidumbre sobre cómo funcionará este nuevo modelo.
Olga Navarro, presidenta del ITEI, calificó la desaparición del instituto como un retroceso de 20 años en materia de transparencia. En entrevista, señaló que la extinción del organismo representa una pérdida significativa para la rendición de cuentas en Jalisco, especialmente en un contexto donde la ciudadanía demanda mayor claridad en el uso de los recursos públicos.
Académicos como Jesús Ibarra, del ITESO, han cuestionado la exclusión de ciudadanos y especialistas en el proceso de reforma. Ibarra advirtió que la centralización de la transparencia en la Contraloría podría afectar la calidad de la información disponible para la sociedad y los medios de comunicación, quienes dependen de estos datos para fiscalizar al gobierno.
Otro punto de crítica es la falta de claridad sobre el destino de los trabajadores del ITEI. Especialistas han señalado que la reforma no contempla un plan para su reubicación o indemnización, lo que deja en el limbo a decenas de empleados que han dedicado años a promover la transparencia en el estado.
La oposición, liderada por el PAN, ha denunciado que la alianza entre Morena y Movimiento Ciudadano busca desmantelar los contrapesos democráticos en Jalisco. Diputados como Claudia Murguía y Juan Pablo Colín han calificado la decisión como un golpe al derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública.
Por su parte, el Congreso estableció un plazo de 90 días para aprobar las leyes secundarias que definan el funcionamiento del nuevo esquema de transparencia. Mientras tanto, el ITEI continuará operando hasta que estas leyes entren en vigor, aunque su desaparición definitiva está programada para el 21 de junio de 2025.
Augusto Chacón, de la asociación Jalisco Cómo Vamos, lamentó que un organismo pionero a nivel nacional en transparencia haya sido eliminado sin un diagnóstico previo. Según Chacón, la reforma refleja una imposición del gobierno federal, que ya eliminó el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y trasladó sus funciones a la Secretaría Anticorrupción.
A pesar de las críticas, algunos legisladores, como Miguel de la Rosa de Morena, defendieron la reforma argumentando que permitirá ahorrar 67 millones de pesos anuales, al eliminar la nómina del ITEI. Sin embargo, la pregunta que persiste es si este nuevo modelo garantizará la misma independencia y eficacia que el ITEI tuvo en su labor de vigilancia.