Leavenworth, Kansas, una ciudad marcada por su historia carcelaria, está a punto de convertirse en un nuevo centro de detención para migrantes. Este lugar, que alguna vez albergó a figuras infames como Al Capone, podría pronto recibir a cientos de personas atrapadas en las políticas migratorias de Estados Unidos. La decisión forma parte de un plan del gobierno federal para aumentar la capacidad de detención en el país.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, ha firmado un acuerdo con CoreCivic, una empresa privada de prisiones, para reabrir una instalación con más de mil camas en Leavenworth. Este contrato, que no pasó por un proceso de licitación competitivo, es uno de varios que ICE ha otorgado a grandes firmas como CoreCivic y Geo Group. La justificación oficial es una supuesta emergencia nacional en la frontera con México.
El gobierno de Donald Trump busca duplicar, o incluso triplicar, la capacidad actual de detención de migrantes, que hoy ronda las 41 mil camas. La meta es alcanzar al menos 100 mil, con proyecciones que sugieren hasta 150 mil. Para lograrlo, ICE ha autorizado nueve contratos de cinco años por un total de 10 mil 312 camas, todos sin competencia abierta. Solo tres de estas instalaciones, incluida la de Leavenworth, han sido identificadas públicamente.
La prisión de Leavenworth, cerrada en 2021 tras críticas por violaciones a derechos humanos, vuelve a ser prioridad por su ubicación estratégica. A solo 16 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Kansas, está en el área de operaciones de ICE para Chicago, lo que facilitaría el traslado de migrantes desde Illinois y otras zonas cercanas. Sin embargo, la reapertura enfrenta resistencia local, con funcionarios de la ciudad exigiendo permisos especiales que CoreCivic considera innecesarios.
En el pasado, la instalación de CoreCivic en Leavenworth fue escenario de tragedias. Reportes de la Unión Americana de Libertades Civiles documentaron apuñalamientos, suicidios y un homicidio antes de su cierre. A pesar de estas denuncias, la empresa ha negado las acusaciones, calificándolas de falsas. Ahora, con un contrato que le garantiza 4.3 millones de dólares mensuales, CoreCivic planea reactivar el lugar.
Las empresas privadas de prisiones, como CoreCivic y Geo Group, han donado millones a campañas políticas, principalmente republicanas, lo que levanta sospechas sobre los contratos sin licitación. Pam Bondi, ex cabildera de Geo Group, es ahora secretaria de Justicia, y ambas firmas anticipan que todas sus prisiones inactivas serán reactivadas este año. Esto refuerza la percepción de un vínculo estrecho entre estas compañías y el gobierno.
La expansión de centros de detención no se limita a Leavenworth. ICE planea reabrir instalaciones cerca de grandes ciudades como Nueva York y Los Ángeles, donde viven comunidades migrantes significativas. La rapidez de estas reaperturas se debe a que usar prisiones existentes es más eficiente que construir nuevas, según expertos. Sin embargo, algunas jurisdicciones locales han prohibido alquilar espacio para detenciones migratorias.
Organizaciones como la Red de Vigilancia de Detención han protestado contra estas medidas, denunciando la falta de transparencia en los contratos y las condiciones en las prisiones. Mientras tanto, la economía de Leavenworth, que depende en parte de las cárceles, podría ver un impulso con la reapertura, aunque a costa de controversias sobre derechos humanos y procesos poco claros.
El debate sobre estas detenciones masivas está lejos de terminar. Con una administración enfocada en deportaciones a gran escala, el papel de las empresas privadas en el sistema migratorio seguirá bajo escrutinio. Por ahora, Leavenworth se prepara para un nuevo capítulo en su compleja historia, esta vez como un símbolo de las tensiones migratorias en Estados Unidos.