Un nuevo conflicto sacude al Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua. Según el acuerdo INE/CG382/2025, el organismo está obligado a no entregar Constancias de Mayoría a candidatos que no cumplieron con los requisitos constitucionales para ocupar cargos de magistrados en el Poder Judicial del estado. La situación pone en la mira a Yanko Durán, presidenta del IEE, quien deberá responder por las irregularidades detectadas en el proceso electoral extraordinario 2024-2025.
El problema radica en las listas de candidatos a magistraturas. Muchas de las personas propuestas no cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos por la ley. Algunos presentaron promedios académicos por debajo de lo exigido, mientras que otros incurrieron en diversas irregularidades que los descalifican. Estas fallas han generado cuestionamientos sobre la transparencia y legalidad del proceso electoral en Chihuahua.
El magistrado Felipe Fuentes Barrera, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sido claro en su postura. Revisar la idoneidad de quienes aplicarán las leyes no es un exceso, sino una obligación democrática. Entregar una Constancia de Mayoría a candidatos no calificados compromete la validez de la elección, ya que la legalidad debe prevalecer tanto en la forma como en el fondo.
El proceso electoral extraordinario 2024-2025 en Chihuahua abarcó la elección de jueces y juezas en 14 distritos judiciales, incluyendo Benito Juárez, Abraham González, Andrés del Río, Arteaga, Camargo, Galeana, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Ojinaga, Mina y Rayo, entre otros. Sin embargo, las irregularidades detectadas han empañado los resultados, generando dudas sobre la legitimidad de los ganadores.
La presión recae ahora sobre Yanko Durán, quien deberá explicar cómo se permitió que candidatos no aptos llegaran tan lejos en el proceso. La falta de filtros adecuados en el IEE ha desatado críticas sobre su capacidad para garantizar elecciones justas y transparentes. Este caso pone en evidencia los fallos estructurales en la supervisión de los procesos electorales locales.
El acuerdo del Consejo Estatal del IEE, que asignó magistraturas y declaró la validez de la elección, está ahora bajo escrutinio. La ciudadanía exige claridad sobre las decisiones tomadas y las consecuencias para los candidatos que no cumplen con los requisitos. La confianza en las instituciones electorales está en juego, y las respuestas del IEE serán clave para recuperar la credibilidad.
Este escándalo no es un caso aislado. En Chihuahua, los problemas en los procesos electorales han sido recurrentes, alimentando el descontento social. La opacidad en la selección de candidatos y la falta de rigor en la aplicación de la ley han generado un ambiente de desconfianza hacia las autoridades electorales.
La situación plantea un desafío mayor para el sistema judicial de Chihuahua. Los magistrados que resulten electos tendrán la responsabilidad de impartir justicia en el estado, y cualquier irregularidad en su designación podría minar la legitimidad de sus decisiones. La ciudadanía espera que las autoridades actúen con firmeza para corregir este desorden.
El caso también resalta la importancia de fortalecer los mecanismos de supervisión en los procesos electorales. La intervención del Tribunal Electoral federal será crucial para determinar si las constancias se entregan únicamente a quienes cumplen con los requisitos legales. Mientras tanto, el IEE enfrenta un momento crítico que podría definir su futuro.