Alejandro Aguirre Curiel, presidente municipal de Chapala, ha alzado la voz para demandar un plan integral que garantice la sostenibilidad del Lago de Chapala ante el proyecto del nuevo acueducto que abastecerá a la Zona Metropolitana de Guadalajara. El edil expresó su preocupación por la falta de claridad en la iniciativa impulsada por el gobierno estatal, señalando que cualquier obra debe priorizar la protección del lago, vital para la región.
El proyecto del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, promovido por la Secretaría de Gestión Integral del Agua y la Comisión Estatal del Agua, busca modernizar la infraestructura que suministra agua a la metrópoli. Sin embargo, Aguirre Curiel insiste en que no se debe extraer ni un litro más de agua del lago, ya que esto podría comprometer su equilibrio ecológico y el sustento de las comunidades ribereñas.
El actual acueducto, construido en 1986, enfrenta problemas de obsolescencia y pérdidas significativas de agua. Las autoridades estatales aseguran que la nueva obra no implicará extraer más agua de la concesión actual de 7.5 metros cúbicos por segundo, sino optimizar el traslado del líquido. Sin embargo, la falta de estudios técnicos públicos ha generado escepticismo entre los habitantes de Chapala.
El Lago de Chapala, el más grande de México, es un ecosistema frágil que provee el 60% del agua potable de Guadalajara. Su importancia no solo radica en el suministro hídrico, sino también en su rol como motor económico para el turismo y la pesca en la región. La preocupación de Aguirre radica en que el proyecto no aborda problemas estructurales como la contaminación y la deforestación que amenazan al lago.
Organizaciones como el Instituto Corazón de la Tierra han criticado la falta de diálogo con las comunidades ribereñas y la ausencia de un diagnóstico claro que justifique la obra. Según estas voces, el gobierno estatal ha omitido socializar el proyecto y no ha presentado soluciones integrales para proteger el lago, como la restauración de las cuencas que lo alimentan.
Aguirre Curiel ha propuesto que cualquier plan debe incluir medidas para sanear el lago y fortalecer su gobernanza ambiental. Esto implica atender la contaminación por agroquímicos, el crecimiento del lirio acuático y la degradación de los bosques en Jalisco y Michoacán, que son esenciales para la recarga hidrológica del cuerpo de agua.
El gobierno de Jalisco, por su parte, defiende el proyecto como una necesidad impostergable para garantizar el abasto de agua en Guadalajara. La licitación del proyecto ejecutivo ya está en marcha, con un fallo esperado en los próximos días y la construcción proyectada para iniciar en 2026. Las autoridades aseguran que la obra reducirá pérdidas y mejorará la calidad del agua, pero no han aclarado cómo se financiará ni qué medidas ambientales se implementarán.
El edil de Chapala ha hecho un llamado a la unidad para proteger el lago, invitando a empresarios, políticos y ciudadanos a sumarse a un esfuerzo conjunto. Su mensaje subraya que el futuro de la región depende de decisiones responsables que equilibren las necesidades de Guadalajara con la preservación de un recurso natural irremplazable.
La controversia en torno al acueducto refleja un desafío mayor: cómo garantizar la seguridad hídrica de una metrópoli en crecimiento sin sacrificar los ecosistemas que la sostienen. Mientras el proyecto avanza, la presión recae sobre el gobierno estatal para demostrar que sus promesas de sostenibilidad no son solo palabras.
La discusión sobre el nuevo acueducto apenas comienza, pero ya deja claro que el Lago de Chapala no puede seguir siendo visto solo como una fuente de agua. Su protección requiere un enfoque integral que vaya más allá de tuberías y bombas, y que coloque en el centro a las comunidades que dependen de él.