El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) está en el ojo del huracán tras revelarse que ha presentado 150 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos actos de corrupción. Según Octavio Romero Oropeza, director del organismo, estas irregularidades han sido detectadas en contratos y prácticas heredadas de administraciones pasadas, vinculadas al gobierno federal y a Morena.
Romero Oropeza detalló que, desde octubre de 2024 hasta junio de 2025, se han identificado fraudes que afectan directamente a los derechohabientes. Entre los casos más graves están los juicios masivos que perjudicaron a 373 mil trabajadores, muchos de los cuales perdieron sus viviendas sin ser notificados. Estas prácticas, según el director, reflejan un sistema diseñado para beneficiar a unos pocos a costa de los trabajadores mexicanos.
El escándalo no termina ahí: 22 funcionarios del Infonavit han sido despedidos por su presunta participación en estos actos de corrupción. Solo en junio de 2025, 12 trabajadores fueron separados de sus cargos, el número más alto registrado en un solo mes este año. Las autoridades prometen que la limpieza institucional continuará, pero las preguntas sobre la supervisión del organismo persisten.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha ordenado intensificar las acciones legales contra los responsables. En una conferencia matutina, instruyó al director del Infonavit a colaborar con la Consejería Jurídica de la Presidencia para garantizar que las denuncias avancen. Sin embargo, críticos señalan que estas medidas podrían ser solo una cortina de humo para desviar la atención de problemas más profundos en la gestión del organismo.
Entre las irregularidades denunciadas destacan fraudes inmobiliarios, ventas sucesivas de una misma vivienda y el uso indebido de la marca Infonavit por parte de “coyotes”. Estos esquemas, según Romero, han generado deudas impagables para miles de trabajadores, quienes han visto sus sueños de tener una vivienda digna desvanecerse por la ambición de unos pocos.
Además, se reveló que desarrolladores privados adeudan más de 1,900 millones de pesos al Infonavit, con 700 viviendas inconclusas que afectan directamente a los derechohabientes. Este desfalco, que involucra a constructoras y exfuncionarios, pone en evidencia la falta de controles efectivos durante años en el organismo.
El Infonavit también ha iniciado un censo nacional para evaluar el estado de 168 mil viviendas, de las cuales 145 mil están habitadas irregularmente y 23 mil están vandalizadas o abandonadas. La propuesta del gobierno es regularizar estas propiedades mediante esquemas de renta con opción a compra, pero la viabilidad de esta solución aún está en duda.
Mientras tanto, la administración de Sheinbaum insiste en que se hará justicia y se resarcirá el daño a los afectados. Sin embargo, la magnitud del problema y la lentitud en las investigaciones han generado desconfianza entre los trabajadores, quienes exigen respuestas claras y resultados concretos.
Este escándalo pone en entredicho la transparencia del Infonavit y la capacidad del gobierno para erradicar la corrupción en instituciones clave. La ciudadanía espera que las denuncias no queden en simples promesas y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.