La Ciudad de México ha dado un paso controversial al publicar la lista de deudores alimentarios, un registro que expone a más de mil 500 personas, en su mayoría hombres, que no cumplen con la pensión alimenticia para sus hijos. Esta medida, impulsada por el gobierno de Clara Brugada, ha generado debate por su enfoque de transparencia radical.
El registro, disponible en línea desde el 12 de junio de 2025, permite a cualquier persona consultar si alguien aparece como deudor con solo ingresar nombre, apellidos y fecha de nacimiento. La plataforma, alojada en el sitio del Registro Civil, busca visibilizar la violencia económica contra menores y sus familias.
Clara Brugada, jefa de Gobierno, defendió la iniciativa como un acto de justicia para la infancia. Durante la presentación, aseguró que los deudores no pueden permanecer anónimos y que las obligaciones alimentarias son un derecho innegociable de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, la medida no está exenta de críticas.
La publicación de la lista se ampara en la Ley de Transparencia de la CDMX, que permite difundir datos personales cuando existe un interés público, como la protección de menores. Según las autoridades, el registro se actualizará periódicamente y no vulnera derechos, ya que los deudores pueden salir de la lista al regularizar sus pagos.
Quienes aparecen en el registro enfrentan severas consecuencias legales. No podrán tramitar pasaportes, realizar trámites notariales clave, salir del país ni aspirar a cargos de elección popular. Estas sanciones, establecidas en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, buscan presionar a los morosos para que cumplan.
La activista Diana Luz Vázquez, impulsora de la Ley Sabina, celebró la medida como un avance contra la impunidad. Sin embargo, señaló que México sigue siendo un país de padres ausentes, donde el sistema patriarcal ha permitido la irresponsabilidad de muchos. La CDMX es la tercera entidad, tras Coahuila y Oaxaca, en hacer público este tipo de listado.
Críticos de la iniciativa han señalado fallas técnicas en el sitio web, que colapsó horas después de su lanzamiento. Esto generó cuestionamientos sobre la capacidad del gobierno capitalino para manejar una plataforma de tal magnitud. A pesar de las dificultades iniciales, el sitio ya está operativo para consultas.
La lista de deudores alimentarios no solo busca sancionar, sino también prevenir. Instituciones, empresas y juzgados podrán usar el registro para verificar el cumplimiento de obligaciones parentales. Para algunos, esto es un paso hacia la equidad; para otros, un riesgo de estigmatización pública.
El debate está abierto: ¿es esta medida un avance en la protección de la infancia o una herramienta que podría prestarse a abusos? Lo cierto es que la CDMX ha puesto el tema de la responsabilidad parental en el centro de la discusión pública, obligando a la sociedad a reflexionar sobre las consecuencias de la violencia económica.