La propuesta plantea reformas al Código Penal de Guanajuato para establecer que todas las dependencias de León asuman la responsabilidad de velar por la seguridad de las buscadoras. Esto incluye medidas de protección específicas, como acompañamiento durante sus actividades y protocolos para prevenir agresiones. La iniciativa busca reconocer la labor de estas mujeres como una defensa de los derechos humanos, equiparándolas a activistas que requieren protección estatal.
El diputado Millán Soberanes destacó que las buscadoras enfrentan no solo el dolor de la pérdida de sus seres queridos, sino también la hostilidad de un entorno donde la violencia no cede. En Guanajuato, uno de los estados con mayores índices de desapariciones y homicidios, estas mujeres han denunciado la falta de apoyo oficial y la indiferencia de las autoridades. La reforma busca obligar a las instituciones a actuar con diligencia, evitando que las buscadoras queden desamparadas.
Un caso emblemático es el de Lorenza Cano Flores, integrante del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, quien fue desaparecida en enero de 2024 en Salamanca. Su caso sigue sin resolverse, y su familia, junto con otros colectivos, exige justicia y protección. Este incidente ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de las buscadoras, quienes a menudo realizan su labor sin respaldo institucional y en zonas de alto riesgo.
La iniciativa también propone sanciones para las autoridades que no cumplan con estas medidas de protección. Según Millán, la falta de acción de las dependencias municipales agrava la situación de las buscadoras, quienes muchas veces enfrentan represalias por parte de grupos criminales. La reforma busca garantizar que las autoridades no solo escuchen a las buscadoras, sino que actúen de manera efectiva para resguardarlas.
Organizaciones como la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato han respaldado la propuesta, señalando que la seguridad de las buscadoras debe ser una prioridad estatal. En un pronunciamiento reciente, exigieron al gobierno de Guanajuato cumplir con los compromisos adquiridos para proteger a estas mujeres, especialmente tras casos como el de Lorenza Cano. La organización destacó que la impunidad en estos casos fortalece a quienes buscan silenciar a las buscadoras.
Por su parte, colectivos como Madres Guerreras de León han expresado su apoyo a la iniciativa, pero también su escepticismo. Durante años, han denunciado la falta de recursos y la burocracia que entorpece su labor. Martha Cecilia Cruz, representante del colectivo, señaló que las buscadoras enfrentan un desgaste físico y emocional constante, agravado por la ausencia de apoyo gubernamental. La aprobación de esta reforma podría ser un primer paso para cambiar esta realidad.
La propuesta aún debe ser discutida y aprobada por el Congreso de Guanajuato. Sin embargo, la presión de los colectivos y la sociedad civil podría acelerar su análisis. En un estado donde la violencia no da tregua, la seguridad de las buscadoras se ha convertido en un tema urgente que pone a prueba la voluntad política de las autoridades locales.
La reforma también busca establecer un precedente a nivel nacional, donde las buscadoras enfrentan retos similares. En otros estados, como Jalisco y Chihuahua, las madres buscadoras han realizado marchas y protestas para exigir justicia y protección. La iniciativa de Guanajuato podría inspirar cambios en otras regiones, dando visibilidad a una lucha que no debería ser ignorada.
En un contexto donde la crisis de desapariciones sigue creciendo, la protección a las buscadoras no es solo una cuestión de seguridad, sino de justicia. Estas mujeres, que buscan a sus hijos, hermanos y esposos, representan una lucha incansable contra la impunidad. La propuesta de Millán Soberanes es un intento por reconocer su valentía y garantizar que puedan seguir adelante sin temor a represalias.