El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó con mayoría de votos la validez de la elección judicial del 1 de junio, un proceso histórico pero envuelto en controversia por la llamada “operación acordeón”. Este ejercicio, el primero en su tipo a nivel mundial, permitió a los ciudadanos elegir a 881 jueces, magistrados y ministros, incluidos nueve de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, las irregularidades detectadas han desatado críticas y dudas sobre la legitimidad de los resultados.
La jornada electoral registró una participación ciudadana de apenas el 13%, con cerca de 13 millones de mexicanos acudiendo a las urnas. Según el INE, se emitieron más de 458 millones de votos, pero casi 48 millones fueron nulos, lo que refleja confusión o rechazo al proceso. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la elección como un “éxito”, destacando que millones votaron por los nuevos “guardianes de la justicia”. Sin embargo, la baja participación pone en entredicho la representatividad del ejercicio.
El escándalo de los “acordeones” marcó la elección. Estos listados, presuntamente distribuidos por Morena, indicaban a los ciudadanos por qué candidatos votar, lo que levantó sospechas de manipulación. El consejero del INE, Arturo Castillo, propuso no validar la elección debido a las “sospechosas coincidencias” entre los resultados y los nombres en los acordeones. A pesar de esto, el Consejo General del INE decidió avalar los resultados, desestimando las denuncias de irregularidades.
Entre los ganadores destaca Hugo Aguilar Ortiz, quien con 6.1 millones de votos presidirá la SCJN. Otros nombres como Lenia Batres y Yasmín Esquivel, cercanos al oficialismo, también aseguraron puestos clave. La oposición, liderada por figuras como Alejandro Moreno del PRI, anunció impugnaciones, argumentando que el proceso no cumplió con los requisitos constitucionales y que los “acordeones” representan una forma de fraude electoral.
Organizaciones como la OEA expresaron preocupación por la operación acordeón, señalando que será incluida en su informe oficial. Heraldo Muñoz, jefe de la misión de la OEA, destacó que el reparto masivo de estos listados físicos y digitales comprometió la libertad del voto. Académicos y ciudadanos también han criticado la vulneración de la autonomía del Poder Judicial, alertando sobre el riesgo de politización en la justicia mexicana.
Otro punto controversial es la elección de candidatos ligados a sectas y delitos graves. Al menos tres aspirantes relacionados con la iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder enfrenta cargos por abuso sexual, obtuvieron un alto número de votos. Aunque el INE prometió revisar perfiles con antecedentes delictivos, aún no ha aclarado cómo aplicará sanciones, lo que genera incertidumbre sobre la calidad de los nuevos juzgadores.
La reforma judicial, impulsada por Morena y el expresidente López Obrador, buscaba democratizar un sistema acusado de ser elitista y corrupto. Sin embargo, críticos advierten que el proceso podría consolidar el control del partido oficialista sobre el Poder Judicial, debilitando el equilibrio de poderes. Comparaciones con países como Venezuela han avivado el debate sobre las consecuencias a largo plazo de esta elección.
El INE iniciará la entrega de constancias de mayoría a partir del 15 de junio, en una sesión solemne para los nueve ministros de la SCJN. Los nuevos jueces y magistrados tomarán posesión el 1 de septiembre, marcando un cambio sin precedentes en el sistema judicial mexicano. Mientras tanto, las impugnaciones y el descontento ciudadano prometen mantener viva la controversia en los próximos meses.