El Instituto Nacional Electoral (INE) ha pospuesto la validación de los resultados de la elección judicial del 1 de junio debido a preocupantes irregularidades detectadas en el proceso. Entre los problemas destaca la falta de paridad de género en las candidaturas, un principio fundamental que el INE no logró garantizar, lo que ha generado críticas por la opacidad y fallas en la organización de este inédito ejercicio electoral.
Otro escándalo que ha sacudido la elección es la detención de un juez en retiro en Veracruz, acusado de vínculos con una red de estafadores. Francisco Javier “N”, junto con cinco extrabajadores del Poder Judicial, enfrenta cargos por abuso de autoridad, fraude procesal y falsedad ante la autoridad, lo que pone en entredicho la integridad de los aspirantes a cargos judiciales.
La elección judicial, que buscaba renovar 881 cargos en el Poder Judicial de la Federación, ha sido cuestionada desde su inicio. La falta de paridad de género, con solo 1,450 mujeres frente a 1,972 hombres entre las 3,422 candidaturas, evidencia un incumplimiento de los principios constitucionales. Este desbalance ha generado críticas hacia el INE y el gobierno federal, liderado por Morena, por no garantizar equidad en un proceso tan relevante.
En Veracruz, el caso del juez detenido ha encendido las alarmas. La Fiscalía General del Estado señaló que Francisco Javier “N” lleva años siendo señalado por actos de corrupción, incluyendo el secuestro de expedientes y abuso de autoridad. Este escándalo refuerza las dudas sobre la calidad de los candidatos seleccionados para impartir justicia en el país.
El INE, encargado de organizar esta elección histórica, enfrenta críticas por su manejo del proceso. La consejera Claudia Zavala admitió que no se alcanzó la paridad de género, aunque se intentó corregir asignando candidaturas de manera alternada. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para calmar las críticas de organizaciones civiles y partidos de oposición.
Por si fuera poco, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz canceló el conteo de votos en el estado debido a fallas graves en el sistema de cómputo y la publicación de resultados. Esto obligará a un recuento manual de más de 24 millones de boletas, un proceso que podría retrasar aún más la validación de los resultados.
Organizaciones como Defensorxs han denunciado que al menos 13 candidatos a cargos judiciales tienen vínculos con el crimen organizado, incluyendo a una exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Estos señalamientos han intensificado las críticas hacia el proceso, que pretendía ser un ejercicio democrático, pero ahora está envuelto en sospechas de corrupción e irregularidades.
El retraso en la validación de los resultados y los escándalos asociados han generado un clima de desconfianza hacia el INE y el gobierno federal. La ciudadanía esperaba que esta elección marcara un parteaguas en la justicia mexicana, pero las fallas en la organización y la calidad de algunos candidatos han opacado las expectativas.
La entrega de constancias de mayoría, programada para iniciar el 15 de junio, también se ha visto afectada. El INE planeaba otorgarlas de manera paulatina a los 881 candidatos electos, pero las irregularidades han complicado este proceso, dejando en el aire la renovación del Poder Judicial.
Este panorama pone en evidencia los retos que enfrenta México para garantizar un sistema judicial transparente y equitativo. Las decisiones que tome el INE en los próximos días serán cruciales para determinar si esta elección cumple con los principios democráticos que prometió defender.