La incertidumbre se apodera de millones de familias mexicanas ante la propuesta de un impuesto del 3.5% a las remesas enviadas desde Estados Unidos. Esta medida, impulsada por el gobierno de Donald Trump, ha generado preocupación en México, especialmente en comunidades que dependen de estos recursos para su subsistencia. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha advertido sobre las posibles consecuencias económicas, pero su respuesta ha sido tibia, dejando a muchos en la incertidumbre.
Las remesas representan una fuente vital de ingresos para México, con un récord de 64,745 millones de dólares en 2024, según datos del Banco de México. Este flujo económico beneficia a millones de hogares, particularmente en estados como Tamaulipas, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Veracruz. Sin embargo, el nuevo gravamen amenaza con reducir significativamente el dinero que llega a las familias, afectando su capacidad para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y educación.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha prometido cabildear en Estados Unidos para frenar esta medida, argumentando que viola tratados internacionales, como el acuerdo para evitar la doble tributación firmado en 1994. Sin embargo, las acciones concretas brillan por su ausencia, y la ciudadanía se pregunta si estas promesas son solo palabras vacías. La falta de una estrategia clara para proteger a los migrantes y sus familias ha generado críticas hacia la administración federal.
Expertos advierten que el impuesto no solo afectará a los migrantes indocumentados, sino también a cualquier persona que envíe dinero desde Estados Unidos. Esto podría derivar en una doble tributación, algo que México ha calificado de discriminatorio. Además, analistas señalan que la medida podría empujar a los migrantes a recurrir a métodos informales para enviar dinero, abriendo la puerta a la intervención del crimen organizado en estas transacciones.
Regiones como San Cristóbal de Las Casas, el municipio que más remesas recibe en el país, ya han reportado una caída del 40% en estos ingresos debido a la incertidumbre generada por la propuesta. Tiendas de autoservicio y bancos también se verán afectados, ya que dependen del flujo de remesas para sus operaciones. La economía local, especialmente en el sur de México, podría enfrentar una contracción significativa si la medida se implementa.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas ha alertado que el impacto en el Producto Interno Bruto será notable, con un crecimiento económico proyectado de apenas 0.1% para 2025. Municipios que dependen de las remesas ya están buscando estrategias para mitigar el golpe, pero la falta de apoyo claro desde el gobierno federal complica sus esfuerzos. La situación pone en evidencia la fragilidad de las finanzas públicas ante decisiones extranjeras.
A pesar de las declaraciones de Hacienda sobre un supuesto “efecto neutral” en las finanzas públicas, la realidad es que las familias mexicanas serán las más afectadas. La medida de Trump, aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos con una votación ajustada de 215-214, aún debe pasar por el Senado. Si se concreta, representará una pérdida de más de 2,700 millones de dólares para los migrantes mexicanos, según estimaciones.
La retórica antimigratoria del gobierno estadounidense ha sido señalada como el trasfondo de esta política. Comunidades migrantes, especialmente las indocumentadas, enfrentan un panorama de incertidumbre que se suma a las restricciones ya existentes para su ingreso y estancia en Estados Unidos. La cooperación internacional, que podría ser clave para resolver esta crisis, parece estar lejos de materializarse.
En México, la discusión sobre el impacto de las remesas no es nueva, pero la urgencia de este impuesto ha reavivado el debate. Las familias campesinas y obreras, que dependen de estos envíos para sobrevivir, ven cómo su estabilidad económica pende de un hilo. Mientras tanto, el gobierno de Morena se limita a promesas de acción que, hasta ahora, no han mostrado resultados tangibles.
La posibilidad de que el impuesto aumente a un 15%, como han especulado algunos, agrava aún más la preocupación. Las familias mexicanas merecen respuestas claras y acciones efectivas, no solo discursos. La pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo soportarán los migrantes y sus comunidades el peso de estas políticas?