Estados Unidos está evaluando una medida drástica que podría cambiar las reglas migratorias para millones de personas. Según un memorando del Departamento de Estado, el gobierno estadounidense considera extender su veto migratorio a 36 países, en su mayoría africanos, si no cumplen con requisitos específicos en un plazo de 60 días. La noticia, revelada por The Washington Post, ha generado preocupación en la comunidad internacional.
El documento, firmado por el secretario de Estado Marco Rubio, exige que los países señalados presenten un plan de acción antes del próximo miércoles para demostrar que cuentan con sistemas confiables de emisión de documentos de identidad. Entre los países en la mira están Egipto, Angola, Nigeria, Camboya, y varias islas del Caribe como Saint Kitts y Nevis o Santa Lucía. La falta de un gobierno central sólido es uno de los principales argumentos de Estados Unidos para justificar esta posible restricción.
La medida se basa en la preocupación de Washington por la seguridad nacional. Las autoridades estadounidenses aseguran que los países en la lista no ofrecen garantías suficientes para verificar la identidad de sus ciudadanos, lo que podría representar un riesgo. Este veto, de concretarse, limitaría la entrada de ciudadanos de estos países a territorio estadounidense, afectando desde turistas hasta solicitantes de visas de trabajo o estudio.
Esta no es la primera vez que Estados Unidos recurre a vetos migratorios. Durante el primer mandato de Donald Trump, en 2017, se implementó una política similar que restringió la entrada de ciudadanos de varios países, principalmente musulmanes. Aquella decisión generó caos en aeropuertos, protestas masivas y una intensa batalla judicial que llegó hasta tribunales federales. La nueva propuesta parece seguir un enfoque similar, pero con un alcance mucho mayor.
El impacto de esta posible ampliación sería significativo. Países como Nigeria, con una gran diáspora en Estados Unidos, podrían enfrentar restricciones severas. Asimismo, pequeñas naciones caribeñas, que dependen del turismo y las remesas, verían afectadas sus economías. La medida también podría complicar las relaciones diplomáticas entre Washington y los gobiernos de los países señalados.
Organizaciones de derechos humanos ya han alzado la voz. Grupos defensores de los migrantes advierten que este veto podría cerrar las puertas a personas que buscan protección o mejores oportunidades, sin distinguir entre casos legítimos y supuestos riesgos de seguridad. Además, critican que la medida se basa en criterios vagos y podría aplicarse de manera arbitraria.
El plazo de 60 días para que los países cumplan con los requisitos de Estados Unidos es un desafío enorme. Muchas de las naciones en la lista enfrentan problemas estructurales, como conflictos internos o falta de recursos, que dificultan la modernización de sus sistemas de identificación. Si no logran satisfacer las demandas de Washington, sus ciudadanos podrían quedar excluidos de viajar a Estados Unidos a partir de agosto.
La comunidad internacional observa con atención los próximos pasos de la administración estadounidense. Mientras algunos países ya han comenzado a negociar con Washington para evitar el veto, otros han expresado su rechazo a lo que consideran una medida discriminatoria. Por ahora, la incertidumbre reina para millones de personas que podrían ver restringido su acceso a Estados Unidos.
El memorando también refleja la postura dura de la actual administración en materia migratoria. Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Trump ha implementado varias políticas para reforzar los controles en las fronteras y limitar la inmigración. Esta propuesta de ampliación del veto es solo una pieza más en una estrategia que busca priorizar la seguridad nacional sobre la apertura migratoria.
A medida que se acerca la fecha límite, la presión aumenta para los países en la lista. El mundo espera ver si esta amenaza se materializa o si las negociaciones logran evitar un nuevo capítulo en la controversial política migratoria de Estados Unidos.