Un consejero del Instituto Nacional Electoral ha lanzado una bomba que sacude el proceso de elección judicial en México. Arturo Castillo, en una movida audaz, propuso no declarar la validez de las elecciones para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La razón: dudas serias sobre la limpieza del proceso.
El centro de la controversia son los llamados “acordeones”, listas de candidatos presuntamente promovidas para guiar el voto. Según Castillo, estas listas coinciden en un 80 por ciento con los ganadores, lo que levanta sospechas de manipulación. Este señalamiento pone en jaque la credibilidad de un proceso que ya estaba bajo escrutinio.
La elección del 1 de junio de 2025 fue histórica, al ser la primera vez que la ciudadanía eligió por voto directo a jueces y magistrados federales. Sin embargo, la sombra de los “acordeones” ha empañado este hito. Castillo aclaró que su propuesta no implica invalidar la elección, pero sí dejarla sin declaración de validez oficial.
El consejero argumentó que las coincidencias entre los “acordeones” y los resultados son demasiado evidentes para ignorarlas. Esto, dijo, genera “dudas razonables” sobre la transparencia del proceso. Su planteamiento ha encendido el debate en el Consejo General del INE, donde se decidirán los próximos pasos.
A pesar de la propuesta de Castillo, el INE está obligado a entregar constancias de mayoría a los candidatos ganadores. Esto incluye a figuras como Lenia Batres y Hugo Aguilar, quienes lideraron las votaciones para la Suprema Corte. Sin embargo, la falta de una declaración de validez podría abrir la puerta a impugnaciones legales.
El proceso judicial electoral ya enfrentaba críticas por su complejidad y por la participación de candidaturas ligadas a Morena. La aparición de los “acordeones” ha intensificado las acusaciones de que el partido en el poder buscó influir en los resultados, algo que Morena ha negado rotundamente.
Si el INE acepta la propuesta de Castillo, el caso podría escalar a la Suprema Corte o al Tribunal Electoral, quienes tendrían que resolver las impugnaciones antes del 28 de agosto. Esto marcaría un precedente en la historia electoral mexicana, con consecuencias impredecibles para el Poder Judicial.
La incertidumbre reina mientras el INE delibera. Lo que parecía un avance democrático ahora está en entredicho, y la confianza ciudadana en las instituciones pende de un hilo. Los próximos días serán clave para definir el futuro de esta elección sin precedentes.