El ambicioso proyecto del Acueducto Solís-León, parte del Plan Nacional Hídrico, promete llevar agua a cinco municipios clave de Guanajuato: León, Silao, Salamanca, Irapuato y Celaya. Sin embargo, para que esta iniciativa sea efectiva, los municipios deben asumir un compromiso crucial: invertir en plantas tratadoras de agua. Esta infraestructura es esencial para tratar el agua que llegará a través del acueducto, garantizando su calidad para el consumo humano.
La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, ha destacado la importancia de este proyecto para enfrentar la crisis hídrica en el estado. El acueducto, que se extenderá por 200 kilómetros desde la Presa Solís en Acámbaro, busca abastecer a las principales ciudades del corredor industrial. Con una inversión total de 15 mil millones de pesos, el proyecto es una colaboración entre el gobierno federal, estatal y los municipios, cada uno aportando una parte significativa.
El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, explicó que las licitaciones para la construcción del acueducto comenzarán en agosto de 2025, con obras iniciando en septiembre. Este cronograma refleja la urgencia de abordar la escasez de agua en el Bajío, una región duramente afectada por la sequía. La infraestructura no solo beneficiará a 1.8 millones de habitantes, sino que también apoyará la actividad industrial, clave para la economía guanajuatense.
Sin embargo, el éxito del proyecto depende de la capacidad de los municipios para cumplir con su parte. Las plantas tratadoras son indispensables para procesar las aguas residuales y evitar la contaminación de ríos y presas, un problema persistente en la región. Actualmente, municipios como Pénjamo, Abasolo, Cuerámaro y Huanímaro enfrentan dificultades porque, aunque cuentan con plantas tratadoras, estas no cubren todas sus comunidades rurales, lo que agrava la crisis hídrica.
En Celaya, por ejemplo, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapa) aún espera que Conagua confirme el volumen de agua que recibirá para planificar las obras necesarias. Este municipio, junto con otros, analiza opciones como solicitar préstamos para financiar la infraestructura requerida, un paso que podría generar tensiones financieras locales.
Por su parte, León, a través del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal), evalúa un préstamo de 1,200 millones de pesos para adecuar su infraestructura. Este esfuerzo refleja el compromiso de las autoridades locales, pero también pone en evidencia los retos económicos que enfrentan los municipios para sumarse al proyecto.
La tecnificación del Distrito de Riego 011, que complementa el acueducto, permitirá recuperar 120 millones de metros cúbicos de agua dulce. Esta agua, destinada originalmente al riego agrícola, se redirigirá para consumo humano, un paso crucial para garantizar la sostenibilidad del recurso en Guanajuato. El gobierno estatal ha reconocido la inversión federal como un apoyo clave para este objetivo.
A pesar de los avances, persisten desafíos. La contaminación de cuerpos de agua, como el río Lerma, sigue siendo un problema grave debido a la falta de tratamiento adecuado en varias comunidades. Las autoridades estatales y municipales deberán trabajar en conjunto para superar estas limitaciones y garantizar que el acueducto cumpla con su propósito.
El proyecto del Acueducto Solís-León representa una esperanza para las familias guanajuatenses, pero también un recordatorio de la importancia de la colaboración entre todos los niveles de gobierno. La inversión en plantas tratadoras no es solo una obligación técnica, sino un paso necesario para proteger el derecho humano al agua.
Con este esfuerzo conjunto, Guanajuato busca no solo resolver la escasez de agua, sino también sentar las bases para un desarrollo sostenible en una de las regiones más dinámicas del país. El futuro hídrico del estado está en juego, y la responsabilidad recae tanto en las autoridades como en la planeación efectiva de los recursos.