En un nuevo revés para los grupos vulnerables, alrededor de 1500 personas con discapacidad en Chihuahua capital quedaron fuera del programa de apoyo alimentario estatal, según denuncias de organizaciones civiles. La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, encabezada por Rafael Loera Talamantes, ha sido señalada por una gestión deficiente que dejó sin ayuda a miles que esperaban recibir vales para alimentos.
El programa, diseñado para garantizar un acceso mínimo a la alimentación, solo benefició a mil personas de las más de 2600 que se registraron en la reciente convocatoria. Loera Talamantes justificó la exclusión argumentando que la selección se basó en estudios socioeconómicos, considerando factores como la posesión de una pensión o la falta de credencial de discapacidad permanente. Sin embargo, los manifestantes consideran que estos criterios son insuficientes y no reflejan las necesidades reales.
La indignación creció cuando se reveló que la convocatoria tuvo un periodo de registro de apenas dos días, con filas de hasta cinco horas que desalentaron a muchos solicitantes. Luz María, lideresa de los inconformes, acusó que el proceso fue diseñado para limitar el acceso, beneficiando solo a unos pocos mientras miles enfrentan carencias. Los afectados exigieron la entrega inmediata de las tarjetas de apoyo, valuadas en 1100 pesos mensuales durante ocho meses.
El presupuesto destinado al programa en todo el estado asciende a 57 millones 589 mil 349 pesos, según Loera. A pesar de esto, en Chihuahua capital, donde se estima que hay 35 mil personas con discapacidad, solo se otorgaron mil apoyos. El funcionario aseguró que el programa está en crecimiento, pero los manifestantes consideran que el incremento de recursos es insuficiente para atender la demanda.
Para quienes no alcanzaron un folio o no se enteraron de la convocatoria, Loera prometió atención a través de un esquema de ventanilla única, donde se entregarán cheques directos. También se comprometió a apoyar a quienes presenten constancias médicas, aunque no tengan credencial de discapacidad. Sin embargo, estas promesas no han calmado las críticas, que señalan una falta de planeación y transparencia en el proceso.
Un punto de tensión adicional es la negativa del gobierno estatal a firmar un convenio con la federación que garantizaría más recursos para personas con discapacidad. Loera argumentó que dicho acuerdo implicaría destinar 600 millones de pesos, lo que absorbería el 60 por ciento del presupuesto de la Secretaría y eliminaría otros programas, como transporte adaptado o escuelas de oficios. Esta decisión ha sido cuestionada por organizaciones que ven en el convenio una solución viable.
Los manifestantes, que realizaron una protesta pacífica en la Plaza Hidalgo, acusaron al gobierno estatal de usar los recursos con fines políticos y de gastar excesivamente en propaganda. La entrega de apoyos, según ellos, se ha manejado de manera discrecional, favoreciendo a ciertos grupos mientras se excluye a los más necesitados. La presencia de personal con chalecos azules, que atiende a los inconformes en sus domicilios, no ha sido suficiente para mitigar el descontento.
El caso ha puesto en evidencia las carencias en la atención a personas con discapacidad en Chihuahua. Mientras el gobierno estatal asegura que nadie se quedará sin apoyo, la realidad para muchos es de incertidumbre y exclusión. La presión social continúa, con la esperanza de que las autoridades reconsideren su estrategia y amplíen los beneficios a quienes más lo necesitan.