El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un giro inesperado en su política migratoria al ordenar la suspensión de redadas contra inmigrantes en sectores económicos clave, como la agricultura, la hotelería y los restaurantes. Esta decisión, reportada por The New York Times, responde a la creciente impopularidad de las medidas migratorias y su impacto en industrias esenciales. Un correo interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó la instrucción de pausar operaciones en estos sectores.
Desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025, Trump impulsó una agresiva campaña de deportaciones masivas, con el objetivo de alcanzar 3,000 detenciones diarias. Las redadas, que incluyeron operativos en lugares como plantas procesadoras de carne y comercios en Los Ángeles, generaron fuertes protestas, especialmente en California, un estado con una alta población migrante. Las manifestaciones en Los Ángeles, que se extendieron por días, escalaron hasta enfrentamientos con las autoridades, lo que llevó al despliegue de la Guardia Nacional y 700 marines.
La decisión de suspender las redadas en sectores productivos llega tras advertencias de empresarios y líderes del sector agrícola, quienes denunciaron una grave escasez de mano de obra. En estados como California, donde la agricultura depende en gran medida de trabajadores migrantes, las detenciones dejaron campos sin personal, afectando la producción y distribución de alimentos. Trump reconoció en su plataforma Truth Social que estas medidas estaban perjudicando a negocios estadounidenses, al eliminar trabajadores experimentados difíciles de reemplazar.
A pesar de la pausa, el gobierno de Trump aclaró que las investigaciones por delitos graves, como trata de personas o narcotráfico, continuarán activas. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, afirmó que el enfoque seguirá siendo sacar de las calles a los “peores delincuentes extranjeros ilegales”. Sin embargo, la directiva prohíbe arrestar a migrantes sin antecedentes penales detectados durante estos operativos, conocidos como “colaterales no delictivos”.
Las protestas en Los Ángeles, que marcaron un punto crítico, reflejaron el descontento de comunidades migrantes y activistas. Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron abusos, separaciones familiares y condiciones inhumanas en los centros de detención. La concejal Ysabel Jurado calificó las redadas como “violencia estatal” diseñada para intimidar, mientras que la alcaldesa Karen Bass advirtió que las detenciones estaban dejando vacías las estanterías de supermercados por la falta de trabajadores.
El impacto económico de las redadas también generó tensiones dentro de la base de apoyo de Trump. Empresarios de sectores como la hotelería y el entretenimiento, que respaldaron al presidente, expresaron su preocupación por la pérdida de empleados calificados. Aaron Jagdfeld, CEO de Generac Holdings, señaló que la falta de trabajadores migrantes está obligando a las empresas a contratar personal sin la preparación adecuada, afectando sus operaciones.
La suspensión de las redadas no implica un abandono total de la política migratoria de Trump, quien mantiene su compromiso con la deportación masiva de indocumentados. Sin embargo, la medida parece ser un intento por equilibrar su retórica de mano dura con las demandas de sectores económicos clave, especialmente de cara a las elecciones legislativas de 2026. La decisión también busca calmar las tensiones sociales tras días de disturbios en ciudades como Los Ángeles.
California, un estado con una población migrante que representa el 27% de sus habitantes, ha sido el epicentro de la resistencia. El gobernador Gavin Newsom calificó el despliegue militar ordenado por Trump como “inconstitucional” y anunció una demanda contra la administración federal. Por su parte, activistas como Jorge Mario Cabrera, de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, denunciaron que las redadas fueron indiscriminadas y basadas en perfiles raciales.
El cambio en la estrategia migratoria de Trump también responde a las críticas de algunos de sus propios aliados. La senadora estatal de Florida, Ileana García, cofundadora de Latinas por Trump, expresó en redes sociales su desacuerdo con las tácticas empleadas, argumentando que las detenciones arbitrarias no reflejan el mandato de sus votantes. Esta presión interna y externa ha forzado al presidente a replantear su enfoque, al menos temporalmente.
Mientras las redadas en sectores clave quedan en pausa, las comunidades migrantes en Estados Unidos siguen viviendo con incertidumbre. Las organizaciones de derechos humanos advierten que la persecución podría continuar en otras formas, y el clima de temor persiste entre familias de estatus mixto. La suspensión, aunque significativa, no resuelve las tensiones de fondo en un país profundamente dividido por el tema migratorio.