El gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, decidió cancelar el proyecto del viaducto elevado en la avenida Morones Prieto, una obra que prometía transformar la movilidad en Monterrey, pero que generó controversia desde su anuncio. La decisión se tomó tras una fuerte presión de colectivos ambientalistas y ciudadanos preocupados por el impacto en el río Santa Catarina.
En el Foro Ciudadano “Por el Futuro del Río Santa Catarina”, las autoridades estatales confirmaron el desistimiento formal ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la evaluación del Manifiesto de Impacto Ambiental. Sin este permiso, la construcción del viaducto no puede avanzar, lo que marca un freno definitivo al proyecto.
El viaducto, planeado como una vía de cuota de 17 kilómetros, buscaba conectar la autopista Monterrey-Saltillo con el aeropuerto de la ciudad. Sin embargo, grupos como Un Río en el Río y Pueblo Bicicletero argumentaron que la obra ponía en riesgo el ecosistema del río, afectando la flora, fauna y el equilibrio hídrico de la zona.
La cancelación representa un triunfo para la ciudadanía organizada, que recolectó miles de firmas y participó en consultas públicas para exigir la protección del río Santa Catarina. Organizaciones civiles celebraron la decisión, destacando que la presión social fue clave para detener una obra que consideraban perjudicial.
El consejero jurídico del gobierno, Ulises Carlin, aseguró que cualquier permiso relacionado con el río será cancelado, priorizando la conservación del área. Además, se anunció el inicio de un proceso para declarar el río Santa Catarina como Área Natural Protegida, con la categoría de Corredor Biológico Ripario.
Samuel García, quien inicialmente impulsó el proyecto, había defendido su potencial para reducir el tráfico en Monterrey, una de las ciudades más congestionadas del país. Sin embargo, la cercanía del Mundial de la FIFA 2026 y las preocupaciones por el colapso vial durante su construcción influyeron en la decisión de dar marcha atrás.
La obra, que iba a ser financiada mediante una asociación público-privada con la empresa GAMI Ingeniería e Instalaciones, contemplaba carriles elevados, ciclovías y áreas verdes. Pese a estas promesas, las críticas por la falta de transparencia en los estudios ambientales y los posibles daños al río fueron constantes.
Colectivos como Calles de Primer Nivel señalaron que el viaducto habría incrementado la contaminación y los riesgos de inundaciones, además de priorizar el uso de automóviles sobre opciones de movilidad sostenible. Estas preocupaciones resonaron entre la población, que exigió alternativas más amigables con el medio ambiente.
El gobierno estatal ahora enfrenta el desafío de proponer soluciones de movilidad que no comprometan el entorno natural. La cancelación del viaducto abre la puerta a nuevas propuestas que, según los activistas, deberían centrarse en el transporte público, ciclovías y espacios peatonales.
La decisión ha sido vista como un paso hacia la protección del río Santa Catarina, un símbolo natural de Monterrey, y un ejemplo de cómo la participación ciudadana puede influir en las políticas públicas. La discusión sobre el futuro de la movilidad en la ciudad sigue abierta, con la esperanza de encontrar un equilibrio entre desarrollo y conservación.