El programa prioriza a personas en condición de pobreza, con especial atención a comunidades indígenas, afromexicanas, repatriadas, víctimas de delitos o integrantes de la comunidad LGBTTTIQA+. También se enfoca en quienes viven en zonas de alta marginación o padecen enfermedades crónico-degenerativas. Sin embargo, la burocracia y los requisitos estrictos podrían limitar el acceso a estos apoyos, como ha ocurrido en iniciativas similares.
Para ser beneficiario, los interesados deben cumplir requisitos específicos: ser mexicano por nacimiento o naturalización, residir en el Estado de México, estar en situación de pobreza y tener una discapacidad que dificulte caminar. La lista de documentos incluye acta de nacimiento, CURP, identificación oficial, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y un certificado médico de una institución pública que acredite la discapacidad.
El trámite es presencial y debe realizarse en los módulos de registro habilitados en cada municipio. La ubicación de estos módulos está disponible en el sitio oficial de la Secretaría del Bienestar del Estado de México. Si la persona no puede acudir por motivos de salud, un representante mayor de edad puede presentar la solicitud, siempre que lleve un certificado médico que justifique la ausencia del beneficiario.
En caso de que el solicitante sea menor de edad, el padre, madre o tutor debe realizar el trámite y presentar los mismos documentos a su nombre. Una vez aprobada la solicitud, los beneficiarios deberán llevar el Formato Único de Bienestar y el Acuse de Recibo del Apoyo Funcional, disponibles en la página web oficial del programa.
El gobierno mexiquense asegura que la entrega de estos apoyos es completamente gratuita. Sin embargo, advierten que cualquier intento de cobro por parte de gestores debe ser denunciado, ya que podría tratarse de un fraude. Esta advertencia pone en alerta a la población, pues no es la primera vez que programas sociales enfrentan problemas de transparencia.
La iniciativa busca mejorar la calidad de vida y fomentar la inclusión de las personas con discapacidad, según Juan Carlos González Romero, secretario de Bienestar. No obstante, la experiencia con otros programas sociales en el estado genera escepticismo sobre si los apoyos llegarán realmente a quienes los necesitan o si quedarán atrapados en procesos burocráticos.
La convocatoria tiene un plazo corto, lo que podría complicar el registro para quienes viven en comunidades alejadas o tienen dificultades para movilizarse. Además, la falta de claridad sobre el número de sillas de ruedas y andaderas disponibles levanta preocupaciones sobre la capacidad del programa para atender la demanda real.
Este tipo de programas suele presentarse como un gran avance para los sectores vulnerables, pero la implementación será clave para determinar su éxito. La ciudadanía espera que el gobierno de Delfina Gómez cumpla con esta promesa sin caer en los errores del pasado, como la distribución inequitativa o el desvío de recursos.
Mientras la convocatoria está abierta, la población mexiquense observa con atención. ¿Será este programa un verdadero apoyo para las personas con discapacidad o solo una más de las promesas que se quedan en el papel? El tiempo lo dirá.