El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un cambio inesperado en su política migratoria, deteniendo las redadas en campos agrícolas y hoteles tras las fuertes críticas y protestas que desataron estas operaciones. En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump reconoció que las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han generado una escasez crítica de trabajadores en sectores clave de la economía estadounidense.
Las redadas, que se intensificaron desde el inicio de su segundo mandato, apuntaban a detener a indocumentados, especialmente en áreas como California, donde la agricultura y la industria hotelera dependen en gran medida de esta mano de obra. Sin embargo, la detención de trabajadores, muchos sin antecedentes penales, provocó un impacto económico inmediato, con reportes de supermercados con estanterías vacías y hoteles enfrentando dificultades operativas.
En Los Ángeles, las protestas contra las redadas alcanzaron un punto crítico, con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, incluyendo el uso de gases lacrimógenos y balas de goma. La alcaldesa Karen Bass alertó sobre el caos generado, destacando el miedo en comunidades donde más de 900,000 personas viven sin estatus migratorio legal.
Trump justificó inicialmente las redadas como una medida para deportar a “delincuentes” que, según él, ingresaron al país durante la administración de Joe Biden. Sin embargo, las detenciones masivas incluyeron a trabajadores esenciales, lo que desató críticas de sectores empresariales como la Asociación Nacional de Ganaderos y el Instituto de la Carne, que pidieron visas renovables para trabajadores indocumentados.
El anuncio de Trump llega tras reportes de que las redadas provocaron una reducción drástica en la mano de obra disponible, afectando la producción agrícola y el sector hotelero. En California, el gobernador Gavin Newsom criticó duramente la política migratoria, calificándola de “inadecuada” y señalando que perjudica a la economía estatal.
Organizaciones de derechos humanos, como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles, denunciaron que las redadas se realizaron de manera indiscriminada, con operativos que incluyeron detenciones de ciudadanos estadounidenses y mujeres embarazadas. Estas acciones, según activistas, se basaron en perfiles raciales, generando un clima de terror en comunidades hispanas.
La suspensión de las redadas en ciertos sectores no implica el fin de la política migratoria de Trump. El presidente reiteró su compromiso de deportar a indocumentados con antecedentes penales, aunque no especificó cómo se implementarán los cambios anunciados. Mientras tanto, las protestas se han extendido a más de 20 ciudades, desde Seattle hasta Nueva York, exigiendo el cese total de las operaciones del ICE.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió una “tregua” durante eventos como los partidos de la Selección Mexicana en la Copa Oro, para evitar detenciones de connacionales. La tensión migratoria sigue siendo un tema candente, con repercusiones tanto en la economía estadounidense como en las relaciones bilaterales con países de América Latina.
El freno a las redadas representa un reconocimiento inusual de Trump sobre los efectos negativos de sus políticas, pero deja abierta la pregunta sobre cómo equilibrará su promesa de deportaciones masivas con las necesidades de la economía. Por ahora, las comunidades migrantes respiran con algo de alivio, aunque la incertidumbre persiste.