La administración del presidente Donald Trump ha entregado información personal de millones de migrantes inscritos en Medicaid a las autoridades migratorias. Este movimiento, que incluye datos sensibles como el estatus migratorio, busca facilitar la localización de personas en el marco de una agresiva política antiinmigrante. Según reportes, la transferencia se llevó a cabo esta semana, generando preocupación entre defensores de los derechos de los migrantes.
Documentos internos obtenidos por medios estadounidenses revelan que funcionarios de Medicaid intentaron bloquear esta acción. Alegaron preocupaciones legales y éticas, pero sus esfuerzos fueron en vano. Dos asesores cercanos al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ordenaron que los datos fueran entregados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) tuvieron apenas 54 minutos para cumplir con la orden.
La información compartida incluye registros personales de residentes en estados como California, Illinois, Washington y el Distrito de Columbia. Esta acción ha levantado alertas sobre el uso indebido de datos sensibles. Expertos advierten que la transferencia podría no solo facilitar deportaciones, sino también obstaculizar las posibilidades de los migrantes de obtener residencia legal o ciudadanía si alguna vez recibieron beneficios de Medicaid.
El portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Andrew Nixon, defendió la legalidad de la entrega de datos. Según Nixon, el HHS actuó dentro de su autoridad para asegurar que los beneficios de Medicaid se destinen solo a quienes tienen derecho legal a recibirlos. Sin embargo, se negó a explicar por qué se compartieron los datos con el DHS o cómo serían utilizados.
Funcionarios del DHS no han respondido a solicitudes de comentarios. Esta falta de transparencia ha aumentado las críticas hacia la medida. Organizaciones de derechos civiles y exfuncionarios de gobierno han calificado la acción como inusual, ya que los CMS no suelen compartir información tan sensible con otros departamentos.
Jeffrey Grant, ex empleado de los CMS, señaló que el DHS no tiene un rol directo en la gestión de Medicaid. Esta transferencia, según Grant, rompe con prácticas habituales y podría tener consecuencias graves. Algunos expertos temen que la medida desaliente a los migrantes de buscar atención médica por miedo a ser identificados y deportados.
En California, el gobernador Gavin Newsom expresó preocupación por el uso potencial de estos datos en redadas migratorias. Las autoridades federales han intensificado operativos en ciudades como Los Ángeles, con apoyo de la Guardia Nacional. Newsom destacó la importancia de proteger la privacidad de los ciudadanos, calificando la transferencia como potencialmente ilegal.
La medida se enmarca en la orden ejecutiva de Trump del 19 de febrero, titulada “Poner fin a la subvención de los contribuyentes a las fronteras abiertas”. Como parte de esta política, se revisaron los registros de Medicaid en varios estados para identificar a personas con “estatus migratorio insatisfactorio”. California, Washington e Illinois compartieron datos de no ciudadanos inscritos en el programa, según un memorando interno.
Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el impacto de esta acción en las comunidades migrantes. La entrega de datos podría generar un efecto disuasorio, haciendo que los estados sean más cautelosos al compartir información. Esto, a su vez, podría complicar el acceso a servicios de salud para poblaciones vulnerables.
A medida que la administración Trump avanza con su agenda migratoria, el debate sobre la privacidad y los derechos de los migrantes se intensifica. La entrega de datos de Medicaid es solo una de las muchas medidas que reflejan el enfoque de mano dura del gobierno. Las consecuencias de estas políticas seguirán siendo un tema de controversia en los meses venideros.