La primera elección popular del Poder Judicial en México, celebrada el 1 de junio, ha desatado una ola de críticas por la victoria de candidatos con antecedentes polémicos. A pesar de que solo uno de cada diez mexicanos acudió a las urnas, el Instituto Nacional Electoral (INE) está a punto de validar los resultados, que incluyen a jueces, magistrados y ministros que asumirán sus cargos el 1 de septiembre.
Entre los ganadores destacan figuras vinculadas a la iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder, Naasón Joaquín García, está preso en Estados Unidos por abuso sexual de menores. Por ejemplo, Madián Sinaí Menchaca Sierra, hija del obispo Nicolás Menchaca, obtuvo 43,493 votos para convertirse en jueza federal administrativa en Jalisco.
Otro caso alarmante es el de Eluzai Rafael Aguilar, hija de un ministro de la misma iglesia, quien acumuló 62,671 votos para ser jueza federal penal también en Jalisco. Salma Jaanai Martínez Macías, otra candidata vinculada a La Luz del Mundo, se perfila como jueza federal penal en Coahuila, presumiendo su militancia en redes sociales.
La reforma judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por Claudia Sheinbaum, prometía renovar la justicia en México. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales y activistas denuncian que la falta de filtros permitió la participación de perfiles riesgosos, algunos incluso ligados a delitos graves como tortura, extorsión o trata de personas.
Carmen Alejandra Lozano Maya, acusada de tortura y extorsión, obtuvo más de 44,000 votos para ser jueza penal en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Estos casos han encendido las alarmas sobre la integridad del proceso y la futura impartición de justicia en el país.
El partido oficialista, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ha logrado imponer a sus candidatos en las principales cortes, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que supervisará a todos los jueces del país. Esto refuerza la percepción de una fuerte influencia del gobierno en el sistema judicial.
El INE, encargado de organizar los comicios, ha señalado que podría anular el triunfo de candidatos con antecedentes delictivos comprobados, pero aún no ha definido un mecanismo claro para hacerlo. Los resultados oficiales se esperan la próxima semana, lo que mantiene la incertidumbre sobre el futuro del Poder Judicial.
La baja participación ciudadana, estimada en un 13% del padrón electoral, junto con más del 10% de votos nulos, refleja el desconocimiento y la desconfianza de los mexicanos hacia este proceso. Las críticas también apuntan a la falta de información sobre los candidatos, lo que dejó a muchos votando sin conocer a fondo los perfiles.
Organismos internacionales, como la Misión de Observación Electoral de la OEA, han cuestionado la idoneidad de los candidatos y la ausencia de exámenes estandarizados en el proceso de selección. Advirtieron que este modelo podría comprometer la imparcialidad de los jueces, quienes podrían fallar según intereses electorales en lugar de criterios jurídicos.
A medida que se acerca la validación de los resultados, el debate sobre la reforma judicial y sus consecuencias no hace más que intensificarse. México enfrenta ahora el desafío de garantizar que su sistema de justicia sea verdaderamente independiente y confiable.