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Diputados en Nuevo León buscan crear padrón de deudores alimentarios: ¿justicia o medida populista?

En vísperas del Día del Padre, mientras muchas familias se preparan para celebrar, en Nuevo León se gesta una iniciativa que podría amargar la fecha para algunos. Diputados locales han propuesto la creación de un padrón estatal de deudores alimentarios, una medida que busca señalar a quienes incumplen con sus obligaciones de manutención hacia sus hijos. La propuesta, impulsada principalmente por legisladores de Movimiento Ciudadano, ha generado un intenso debate sobre su efectividad y las implicaciones que podría tener.
La iniciativa surge en un contexto donde ya existe un padrón nacional de deudores alimentarios, pero los promotores argumentan que un registro estatal permitiría aplicar sanciones más severas y garantizar los derechos de niñas y niños. Según los legisladores, el objetivo es presionar a los padres morosos para que cumplan con las pensiones alimenticias, un problema que afecta a miles de familias en el estado. Sin embargo, no todos están convencidos de que esta sea la solución adecuada.
Críticos de la medida, incluidos algunos activistas, señalan que el padrón estatal podría duplicar esfuerzos ya realizados a nivel federal, generando burocracia innecesaria. Además, advierten que exhibir públicamente a los deudores podría estigmatizarlos sin resolver el problema de fondo: la falta de mecanismos efectivos para asegurar el pago de las pensiones. En otros estados, como la Ciudad de México, listas similares han sido implementadas, pero los resultados han sido mixtos.
Por otro lado, quienes apoyan la propuesta destacan que el padrón sería una herramienta de presión social y legal. En Nuevo León, se estima que miles de menores no reciben la manutención que les corresponde, dejando a las madres solteras en una situación de vulnerabilidad económica. La iniciativa contempla medidas como restringir ciertos derechos civiles a los deudores, como la posibilidad de obtener licencias de conducir o participar en contrataciones públicas.
El debate también ha puesto en el centro a los gobiernos locales. Aunque la propuesta proviene de Movimiento Ciudadano, algunos legisladores de otros partidos, como el PAN, han mostrado apoyo condicionado, pidiendo que se refine el proyecto para evitar abusos. Mientras tanto, Morena, que controla varios municipios en el estado, ha guardado silencio, lo que ha generado especulaciones sobre su postura frente a esta medida.
Otro aspecto controversial es el timing de la propuesta, justo en las vísperas del Día del Padre. Algunos consideran que el anuncio tiene un tinte populista, buscando capitalizar la atención mediática de la fecha. En años anteriores, durante esta celebración, organizaciones civiles han realizado protestas, como tendederos públicos, para exhibir a deudores alimentarios, lo que ha polarizado aún más la discusión.
A nivel nacional, el tema de los deudores alimentarios ha cobrado relevancia en los últimos años. En estados como Oaxaca y Jalisco, se han implementado iniciativas similares, pero los avances han sido lentos. En Nuevo León, los legisladores aseguran que su propuesta incluye un enfoque más integral, con acompañamiento para las familias afectadas y sanciones claras para los incumplidos.
El camino para que esta iniciativa se convierta en ley no será sencillo. La propuesta aún debe pasar por comisiones en el Congreso local y enfrentará un escrutinio detallado. Mientras tanto, las familias que dependen de las pensiones alimenticias siguen esperando soluciones concretas. La pregunta que queda en el aire es si este padrón será un paso hacia la justicia o simplemente una medida más que se queda en buenas intenciones.
La sociedad neoleonesa observa con atención. Para muchos, el Día del Padre no solo es una fecha de celebración, sino un recordatorio de las responsabilidades que algunos han dejado de lado. La creación de este padrón podría cambiar el panorama, pero su éxito dependerá de cómo se implemente y si realmente pone los derechos de los menores en el centro.
El debate está abierto, y las posturas están divididas. Mientras los legisladores discuten, miles de familias en Nuevo León enfrentan la incertidumbre de no contar con el apoyo económico que por ley les corresponde. La solución, coinciden todos, debe ir más allá de un listado y atacar las raíces de un problema que lleva años sin resolverse.

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