La Corte Suprema de Nueva York ha decidido mantener el bloqueo que impide al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) reabrir una oficina en la cárcel de Rikers Island. Esta resolución responde a una demanda presentada por la Asamblea Municipal del estado, que considera ilegal la orden ejecutiva del alcalde Eric Adams para permitir el retorno de la agencia federal.
En abril pasado, el Concejo Municipal demandó a Adams tras su anuncio de autorizar la presencia de ICE en Rikers, una decisión tomada después de una reunión con Tom Homan, el zar de la frontera de la administración Trump. La orden ejecutiva fue emitida por el vicealcalde Randy Mastro, desatando una fuerte controversia en la ciudad.
La presidenta de la Asamblea Municipal, Adrienne Adams, celebró la decisión del tribunal, argumentando que protege la seguridad pública y los derechos constitucionales de los neoyorquinos. Según ella, la medida evita que la administración Trump tome control de la ciudad a expensas de sus habitantes.
Durante los años en que ICE operó en Rikers, hasta su salida en 2014, la agencia solicitaba mantener a inmigrantes detenidos, a veces por meses, después de sus fechas de liberación programadas. Esto ocurría mientras se investigaba su estatus migratorio, lo que llevó a numerosos procesos de deportación.
La coalición de organizaciones de derechos civiles y proinmigrantes, junto con el defensor del pueblo Jumaane Williams, se unió a la demanda como amigos de la corte. Argumentaron que la orden de Adams socava las leyes de Nueva York como ciudad santuario, facilitando la cooperación entre agencias municipales y autoridades federales de inmigración.
La decisión del tribunal se produce en un contexto de tensión nacional por las políticas migratorias. La administración Trump ha impulsado medidas estrictas, incluyendo redadas masivas y restricciones a la ciudadanía por nacimiento, lo que ha generado un fuerte rechazo en comunidades inmigrantes.
La jueza Mary Rosado, quien preside el caso, había emitido previamente una orden de restricción temporal en abril, paralizando el plan hasta que se realizara una audiencia formal. La resolución actual refuerza esa medida, manteniendo a ICE fuera de Rikers por el momento.
El Concejo Municipal sostiene que la orden ejecutiva de Adams es ilegal y responde a un supuesto acuerdo con la administración Trump para retirar cargos de corrupción contra el alcalde. Estas acusaciones han intensificado el debate sobre la legalidad y las motivaciones detrás de la decisión.
La cárcel de Rikers Island, conocida por ser una de las más peligrosas de Estados Unidos, sigue siendo un punto focal en el debate sobre la justicia penal y los derechos de los inmigrantes. La decisión de la Corte Suprema estatal marca un nuevo capítulo en esta controversia.
Esta resolución se percibe como una victoria para los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes ven en el bloqueo una defensa de los principios de la ciudad santuario. Sin embargo, el debate sobre la presencia de ICE en Rikers está lejos de terminar, con posibles apelaciones en el horizonte.