La audiencia contra exfuncionarios por el colapso de un escenario en San Pedro Garza García, que dejó 10 muertos y 246 heridos, fue pospuesta una vez más. La Fiscalía de Nuevo León reprogramó el proceso para el 5 de agosto, marcando otro retraso en un caso que ha indignado a la población.
El 22 de mayo de 2024, durante un mitin de Movimiento Ciudadano, fuertes vientos derribaron el escenario en el Campo de Béisbol El Obispo. La tragedia ocurrió en el cierre de campaña de Lorenia Canavati, candidata a la alcaldía, y dejó un saldo devastador. Videos del momento capturaron el caos mientras la estructura caía sobre los asistentes.
La Fiscalía apunta a seis o siete implicados, entre exfuncionarios de Protección Civil de San Pedro y Santa Catarina, además de personal de la empresa encargada del montaje. Se les acusa de imprudencia, ya que se ignoraron alertas de vientos intensos pronosticados para ese día. Sin embargo, los nombres de los responsables aún no se han hecho públicos.
Este es el tercer aplazamiento de la audiencia, que inicialmente estaba programada para el 20 de enero de 2025, luego para el 20 de marzo, y ahora para agosto. Cada demora aumenta la frustración de las familias de las víctimas, que exigen justicia por la pérdida de sus seres queridos, incluyendo un menor de edad.
Entre las víctimas identificadas se encuentran José Jesús Torres Solís, de 11 años, Laura Zúñiga Ezpinoza, de 48, y Elvira de Anda Segobians, de 78. La Secretaría de Salud reportó que 13 personas siguen hospitalizadas, luchando por recuperarse de las lesiones sufridas en el incidente.
La investigación señala que el escenario no estaba adecuadamente anclado, un error atribuido tanto a la empresa ProAudio como a la supervisión de Protección Civil municipal. José Ismael Contreras Martínez, entonces director de esta dependencia, es uno de los señalados por no garantizar la seguridad del evento.
La tragedia ha generado críticas hacia la administración municipal de San Pedro, encabezada en ese momento por el partido Movimiento Ciudadano. Aunque el fiscal descartó acciones contra el partido, la percepción de negligencia ha dañado la confianza en las autoridades locales.
Mientras los escombros del escenario permanecen en el lugar, custodiados por la Fiscalía, la ciudadanía se pregunta si los responsables enfrentarán consecuencias. La lentitud del proceso judicial alimenta la sensación de impunidad en un caso que marcó a Nuevo León.
El aplazamiento de la audiencia reaviva el dolor de una comunidad que aún no encuentra cierre. Las familias de las víctimas y los heridos siguen esperando respuestas, mientras la justicia parece cada vez más lejana.