En un giro alarmante en la política migratoria de Estados Unidos, agentes federales han incrementado los arrestos de migrantes en los pasillos de los juzgados, una táctica que busca acelerar las deportaciones masivas. Esta práctica, que comenzó a intensificarse en mayo, ha generado temor entre los solicitantes de asilo que acuden a sus citas judiciales.
La estrategia es clara: un juez concede la solicitud del gobierno para desestimar los casos de deportación, y momentos después, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, a menudo enmascarados, detienen a los migrantes fuera de las salas. Este proceso, conocido como remoción expedita, permite deportar a personas sin que vuelvan a ver a un juez.
El presidente Donald Trump amplió en enero la autoridad para estas deportaciones rápidas, otorgando a los agentes migratorios un poder sin precedentes. Aunque los migrantes pueden suspender su deportación al presentar una nueva solicitud de asilo, si no superan una evaluación inicial, son expulsados de inmediato.
Un caso que ha conmocionado es el de una mujer transgénero mexicana, identificada como O-J-M, arrestada tras una audiencia en Oregon. La mujer, quien cruzó la frontera en 2023 huyendo de la violencia de un cártel, fue trasladada a un centro de detención en Tacoma, Washington, donde su abogada denunció dificultades para contactarla.
Otro ejemplo es el de un hombre venezolano en Seattle, quien suplicó al juez que no desestimara su caso, afirmando que enfrentaría la muerte en su país. A pesar de sus objeciones, fue detenido por agentes al salir de la sala, dejando su futuro en la incertidumbre.
Organizaciones como Innovation Law Lab han denunciado que el gobierno manipula el sistema judicial para facilitar estas deportaciones. La falta de transparencia es preocupante: el Departamento de Seguridad Nacional no ha revelado cuántos arrestos se han realizado ni cuántos casos han sido desestimados.
Los migrantes enfrentan un dilema cruel: presentarse a sus audiencias y arriesgarse a ser detenidos, o faltar a ellas y perder cualquier posibilidad de quedarse legalmente en el país. Este clima de miedo se agrava con los 3.6 millones de casos migratorios acumulados, que suelen tardar años en resolverse.
Las protestas contra estas medidas han estallado en ciudades como Los Ángeles, Seattle y Nueva York, donde manifestantes exigen el fin de las redadas y la abolición del Servicio de Inmigración. Sin embargo, el gobierno de Trump ha reiterado que las deportaciones continuarán, intensificando la tensión en las comunidades migrantes.
La administración busca alcanzar un objetivo de 3,000 arrestos diarios, según declaraciones de Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca. Este enfoque agresivo ha generado críticas por su impacto en personas que, en muchos casos, huyen de la violencia y la persecución en sus países de origen.
Mientras las cortes de inmigración se convierten en escenarios de detenciones masivas, la incertidumbre crece entre los migrantes, quienes ven cómo sus esperanzas de una vida segura se desvanecen en los pasillos de la justicia estadounidense.