Un operativo masivo de autoridades estatales y federales se desplegó en la carretera Aldama-Ojinaga, en un intento desesperado por frenar la ola de violencia que azota la región. Elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional recorrieron la zona tras reportes de enfrentamientos armados y actividades del crimen organizado. La situación en esta área de Chihuahua se ha tornado insostenible, con ciudadanos atrapados en el fuego cruzado de grupos criminales.
La carretera que conecta Aldama con Ojinaga ha sido escenario de hechos violentos recientes, incluyendo asaltos, desapariciones y ejecuciones. Apenas esta semana, se reportó el hallazgo de cuatro cuerpos sin vida en el tramo carretero, un recordatorio brutal de la inseguridad que impera. Las autoridades confirmaron que dos de las víctimas tenían reporte de desaparición, lo que agrava la percepción de descontrol en la zona.
El operativo incluyó patrullajes por tierra y reconocimientos aéreos en comunidades como Los Placeres, La Lágrima y Coyame. Las fuerzas de seguridad aseguraron vehículos, algunos con blindaje artesanal, y decomisaron armas de alto calibre, incluyendo fusiles de asalto y miles de cartuchos. Sin embargo, los resultados parecen insuficientes frente a la magnitud del problema, dejando en evidencia la incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad.
La Fiscalía General del Estado ha intentado minimizar la gravedad de la situación, pero los hechos hablan por sí mismos. En los últimos meses, la región ha sido testigo de enfrentamientos entre grupos antagónicos, presuntamente ligados al narcotráfico. Los habitantes de Aldama y Ojinaga viven con miedo, mientras los reportes de robos, secuestros y asesinatos se acumulan sin que se vea una solución efectiva.
El despliegue de más de cien elementos en la zona buscaba enviar un mensaje de control, pero los resultados no han sido alentadores. La presencia de vehículos blindados y armamento pesado en manos de civiles armados demuestra el poder que el crimen organizado ha consolidado en la región. Los operativos, aunque numerosos, no han logrado desmantelar las estructuras criminales que operan con impunidad.
La ciudadanía, harta de la violencia, exige respuestas concretas. Los reportes de asaltos a viajeros y la instalación de retenes ilegales por parte de grupos armados han generado pánico. En redes sociales, los habitantes comparten videos y testimonios que contradicen las versiones oficiales, mostrando la cruda realidad de una región donde la ley parece no existir.
El gobierno estatal ha prometido trabajar en coordinación con las autoridades federales, pero la confianza de los ciudadanos está agotada. La alcaldesa de Aldama, Sandra Galindo, ha reconocido la gravedad de la situación, pero sus declaraciones no han sido acompañadas de acciones que realmente cambien el panorama. La población se siente abandonada, atrapada en una guerra que no eligió.
La carretera Aldama-Ojinaga, antes un simple tramo de conexión, se ha convertido en un símbolo de la inseguridad que azota a Chihuahua. Los operativos, aunque aparatosos, no han logrado devolver la paz a una región donde el crimen organizado parece llevar la delantera. La pregunta que todos se hacen es cuánto tiempo más tendrán que vivir bajo esta sombra de violencia.