El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, admitió que el cobro de piso, una práctica extorsiva que aterroriza a comerciantes, sigue presente en el estado, pero con un número alarmante de denuncias: muy pocas. En un reciente informe, Jáuregui señaló que la falta de reportes formales dificulta combatir este delito, dejando a las víctimas en una situación de vulnerabilidad extrema.
El cobro de piso, una forma de extorsión donde grupos criminales exigen pagos a cambio de “protección”, es un problema que ha escalado en varias regiones de México. En Chihuahua, sin embargo, las autoridades parecen estar enfrentando un muro de silencio. Según Jáuregui, los comerciantes prefieren callar por miedo a represalias, lo que permite a los delincuentes operar con impunidad.
La falta de denuncias no significa que el problema sea menor. Al contrario, expertos en seguridad advierten que el silencio de las víctimas es un indicador de la desconfianza hacia las instituciones. En muchas ocasiones, los afectados sienten que las autoridades no actúan con eficacia o, peor aún, temen que sus denuncias puedan filtrarse a los criminales.
Jáuregui insistió en que la Fiscalía está comprometida en perseguir estos delitos, pero sin denuncias formales, sus manos están atadas. En 2024, apenas se registraron un puñado de casos en el estado, una cifra que contrasta con los reportes informales de comerciantes que aseguran ser víctimas constantes de esta práctica.
El fiscal también destacó un caso reciente en Ciudad Juárez, donde un extorsionador fue capturado en flagrancia. Este sujeto exigía 150 mil pesos a un comerciante y fue detenido con 10 mil pesos en efectivo, producto de la extorsión. Aunque este caso representa un éxito, Jáuregui reconoció que es solo la punta del iceberg.
La situación en Chihuahua refleja un problema nacional: la extorsión se ha normalizado en muchas comunidades, y las autoridades parecen incapaces de frenarla. En estados como Zacatecas, Guanajuato y Baja California, el cobro de piso afecta a más de la mitad de los comerciantes, según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes.
En el caso de Chihuahua, la falta de acción efectiva del gobierno estatal agrava el problema. Mientras los comerciantes viven con miedo, las autoridades insisten en que necesitan más denuncias para actuar. Este círculo vicioso deja a las víctimas atrapadas entre el temor a los criminales y la desconfianza hacia las instituciones.
La pregunta que queda en el aire es cuánto tiempo más pasará antes de que las autoridades implementen estrategias reales para proteger a los ciudadanos. Por ahora, el cobro de piso sigue siendo una sombra que acecha a los comerciantes de Chihuahua, mientras las denuncias, según Jáuregui, brillan por su ausencia.