La Cámara de Diputados, dominada por Morena y sus aliados, aprobó en comisiones un dictamen que reasigna las funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La decisión, respaldada por 34 votos a favor y 12 en contra, forma parte de la estrategia del gobierno de Claudia Sheinbaum para centralizar funciones clave, pero levanta serias dudas sobre la autonomía en la medición de la pobreza en México.
El Coneval, creado en 2004, tenía la misión de evaluar de manera independiente las políticas de desarrollo social y medir la pobreza en el país. Su autonomía técnica y de gestión era un pilar para garantizar datos confiables, lejos de influencias políticas. Sin embargo, con esta reforma, sus atribuciones serán absorbidas por el INEGI, un organismo que, aunque respetado, depende directamente del gobierno federal, lo que podría comprometer la imparcialidad en los resultados.
La iniciativa, enviada por la presidenta Sheinbaum, modifica la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Según Morena, el objetivo es simplificar la estructura gubernamental y evitar duplicidades. Diputados como Óscar Iván Brito, de Morena, argumentaron que la experiencia del Coneval fortalecerá al INEGI, pero no explicaron cómo se garantizará la independencia en las evaluaciones.
La oposición, por su parte, no tardó en alzar la voz. Diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano denunciaron que esta medida es un paso más hacia la concentración de poder. La desaparición del Coneval, según ellos, debilita los contrapesos democráticos y pone en riesgo la transparencia en un tema tan sensible como la pobreza. “¿Quién va a creer en los datos de un gobierno que controla todo?”, cuestionó un legislador del PAN.
El dictamen establece que el INEGI ahora será responsable de medir la pobreza y evaluar las políticas sociales, además de emitir recomendaciones y coordinarse con los tres niveles de gobierno. Sin embargo, la falta de autonomía podría generar suspicacias sobre la veracidad de las cifras. México, un país donde más de 40% de la población vive en pobreza según datos previos del Coneval, necesita información confiable para diseñar políticas efectivas.
Otro punto polémico es el plazo de 90 días que se dio al Congreso para ajustar las leyes tras la extinción del Coneval, aprobada en noviembre de 2024 como parte de la eliminación de siete organismos autónomos. Esta rapidez ha sido criticada por analistas, quienes advierten que decisiones tan trascendentales requieren mayor análisis y debate para evitar errores que afecten a la población.
Morena y sus aliados, el PT y el PVEM, defendieron la reforma como un avance hacia una administración más eficiente. La diputada María del Carmen Cabrera, del PVEM, aseguró que el INEGI tiene la capacidad técnica para asumir estas funciones sin perder rigor. Sin embargo, no se mencionó cómo se evitará que las evaluaciones estén sujetas a presiones políticas, un riesgo que expertos consideran latente.
La aprobación en comisiones es solo el primer paso. El dictamen ahora pasará al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y votación. Si se ratifica, el Senado tendrá la última palabra. Mientras tanto, la sociedad civil y organizaciones defensoras de la transparencia han comenzado a movilizarse, exigiendo que se preserve la independencia en la medición de la pobreza.
Este movimiento se suma a otras reformas impulsadas por el gobierno de Sheinbaum, como la eliminación del INAI y otros organismos autónomos, que han sido señaladas como un retroceso en la rendición de cuentas. La centralización de funciones en el INEGI podría ser un arma de doble filo: mientras el gobierno promete eficiencia, el costo podría ser la pérdida de confianza en las instituciones.
La pregunta que queda en el aire es si México podrá combatir la pobreza con datos confiables o si esta reforma es un paso más hacia el control total del gobierno sobre la información. La discusión en el pleno será clave para determinar el rumbo de esta transformación, que ya genera controversia en un país donde la transparencia es un bien cada vez más escaso.