La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha dado un paso controvertido al presentar una lista pública de deudores alimentarios en la Ciudad de México, un movimiento que busca exponer a quienes evaden sus responsabilidades con sus hijos. Esta medida, impulsada por el gobierno de Morena, pretende ser un acto de justicia para las infancias, pero ya genera críticas por su ejecución y posibles consecuencias.
El registro, disponible en el sitio web del Registro Civil de la CDMX, permite a cualquier persona consultar los nombres de los deudores con solo ingresar nombre, apellidos y fecha de nacimiento. Según las autoridades, esta herramienta busca garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir pensión alimenticia, visibilizando a quienes incumplen con esta obligación.
Clara Brugada destacó que la lista es un esfuerzo por erradicar la impunidad, asegurando que en la capital no hay lugar para quienes descuidan el bienestar de sus hijos. Sin embargo, la medida ha sido señalada como una forma de presión social que podría derivar en problemas legales o incluso en estigmatización de las personas incluidas.
La consejera jurídica, Eréndira Cruzvillegas, defendió la publicación del registro, argumentando que cumple con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Según ella, difundir estos datos no viola derechos, ya que responde al interés superior de la niñez. Pero, ¿es realmente una solución efectiva o solo una estrategia populista?
Quienes aparecen en la lista enfrentarán restricciones severas: no podrán postularse a cargos públicos, obtener pasaportes, realizar trámites notariales importantes ni salir del país. Estas sanciones, aunque buscan presionar a los deudores, han desatado un debate sobre si el gobierno está yendo demasiado lejos en su afán de castigar.
El registro se actualizará periódicamente, y los deudores que cumplan con sus obligaciones serán retirados. Sin embargo, la reincidencia los devolverá a la lista, lo que podría generar un ciclo de señalamientos públicos. Activistas como Diana Luz Vázquez, impulsora de la Ley Sabina, celebraron la medida, pero advirtieron que aún falta garantizar un acompañamiento real a las madres que denuncian.
Organizaciones feministas han aplaudido la iniciativa, considerándola un avance contra la violencia económica hacia menores. Sin embargo, también piden a las autoridades mayor sensibilidad y seguimiento en los casos, ya que muchas madres enfrentan trabas legales y burocráticas para obtener justicia.
La creación de esta lista responde a una demanda histórica de colectivos que luchan por visibilizar el abandono de responsabilidades parentales. Sin embargo, críticos señalan que, sin una estrategia integral, esta medida podría quedarse en un acto simbólico que no resuelve el problema de fondo.
El gobierno de la Ciudad de México insiste en que la lista es una herramienta de justicia, pero no está exenta de cuestionamientos. ¿Será suficiente para obligar a los deudores a cumplir, o solo generará más polarización? El tiempo lo dirá, mientras el debate sigue creciendo en la capital.