Juana Hilda González Lomelí salió de prisión la noche del 11 de junio de 2025, tras pasar 19 años y cinco meses encerrada por el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su liberación inmediata, al determinar que las pruebas en su contra fueron obtenidas mediante tortura. Este fallo sacude uno de los casos más mediáticos y controvertidos de México.
González Lomelí, exbailarina del grupo Clímax, fue detenida en enero de 2006, acusada de participar en el secuestro y presunto asesinato de Hugo Alberto Wallace, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace. La sentencia de 78 años de prisión que recibió en 2011 se basó principalmente en una confesión que, según su defensa, fue arrancada bajo coacción, amenazas y tortura psicológica.
El caso Wallace, que captó la atención nacional desde 2005, fue impulsado por Isabel Miranda de Wallace, quien fundó la organización Alto al Secuestro y se convirtió en una figura prominente en la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, las irregularidades en el proceso han sido denunciadas durante años por organizaciones de derechos humanos y periodistas, quienes señalan que el caso pudo haber sido fabricado.
La resolución de la Suprema Corte, aprobada por cuatro votos a favor y uno en contra, declara nula la confesión de González Lomelí y todas las pruebas derivadas de ella. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien presentó el proyecto, argumentó que no hay evidencia suficiente para vincular a la acusada con el crimen, más allá de una gota de sangre encontrada en un departamento, cuya validez ha sido cuestionada.
Al salir del Centro Federal de Reinserción Social número 16 en Morelos, González Lomelí, vestida de rojo, expresó su conmoción. “Estoy en shock, todavía no lo puedo creer, pero gracias a mi equipo”, dijo a los medios, mientras sostenía el documento que acreditaba su libertad. Su familia, por razones de seguridad y económicas, no estuvo presente, pero se esperaba que se reunieran con ella poco después.
El Instituto Federal de Defensoría Pública celebró la decisión, destacando que este fallo no solo restituye la libertad de González Lomelí, sino que establece un precedente para otros cinco coacusados en el caso Wallace. Entre ellos están César Freyre Morales, los hermanos Alberto y Antonio Castillo, Brenda Quevedo y Jacobo Tagle, cuyos procesos podrían revisarse tras esta resolución.
La liberación de González Lomelí pone en tela de juicio la actuación de la entonces Procuraduría General de la República y la narrativa construida alrededor del caso. Durante el proceso, se reportaron actos de tortura sexual y psicológica contra los acusados, así como el uso de pruebas dudosas, como una licencia de conducir y una mancha de sangre halladas meses después del supuesto crimen.
El caso también ha generado críticas hacia la cobertura mediática, que estigmatizó a González Lomelí por su pasado como bailarina y su relación con figuras como el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie. Estas acusaciones, según su defensa, fueron utilizadas para justificar su condena sin pruebas sólidas.
La decisión de la Suprema Corte reabre el debate sobre las fallas en el sistema de justicia penal en México. La invalidación de pruebas obtenidas bajo tortura refuerza la necesidad de garantizar procesos justos y respetar los derechos humanos, incluso en casos de alta relevancia pública.
Mientras Juana Hilda González comienza a reconstruir su vida tras casi dos décadas de encierro, el caso Wallace sigue generando preguntas sin respuesta. La ausencia del cuerpo de Hugo Alberto Wallace y las irregularidades documentadas en el proceso mantienen viva la controversia sobre uno de los episodios más oscuros de la justicia mexicana.