La agrupación musical Los Alegres del Barranco está nuevamente en el ojo del huracán. La Fiscalía de Jalisco ha abierto una investigación por posibles contratos con empresas fantasma relacionados con su polémico concierto en Zapopan, donde proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este evento, realizado el 29 de marzo en el Auditorio Telmex, ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la promoción de la narcocultura en México.
Según las autoridades, la investigación se centra en los contratos firmados para la organización del concierto, que podrían involucrar a empresas sin registro legal o con operaciones sospechosas. La Fiscalía busca determinar si estos acuerdos encubren actividades ilícitas, como lavado de dinero, en un caso que pone en evidencia las conexiones entre el entretenimiento y el crimen organizado.
El concierto, parte del evento “Los Señores del Corrido”, incluyó la proyección de imágenes de “El Mencho” mientras la banda interpretaba el narcocorrido “El del palenque”. Este acto no solo generó indignación en redes sociales, sino que también llevó a la apertura de una carpeta de investigación por apología del delito, un cargo que podría resultar en hasta seis meses de prisión para los involucrados.
La controversia no es nueva para Los Alegres del Barranco. Días después del concierto en Zapopan, la agrupación repitió el homenaje a “El Mencho” en Uruapan, Michoacán, lo que provocó otra investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Estas acciones han intensificado el escrutinio sobre la banda y su papel en la normalización de la violencia a través de la música.
El Auditorio Telmex, operado por la Universidad de Guadalajara, se deslindó de la proyección de imágenes, asegurando que no tiene control sobre el contenido audiovisual de los artistas. Sin embargo, anunció que revisará los contratos con promotores para evitar futuros incidentes que promuevan la apología del delito. Esta respuesta no ha calmado las críticas, que señalan una falta de supervisión en eventos masivos.
La polémica ha tenido consecuencias internacionales. El gobierno de Estados Unidos revocó las visas de trabajo y turismo de los integrantes de la banda, argumentando que no se extenderá “una alfombra roja” a quienes enaltecen a criminales. Esto ha puesto en riesgo al menos 28 presentaciones que el grupo tenía programadas en territorio estadounidense.
Pavel Moreno, vocalista de Los Alegres del Barranco, intentó minimizar el escándalo, celebrando en redes sociales la mención de la banda en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la agrupación emitió un comunicado posterior ofreciendo disculpas, asegurando que no fue su intención causar controversia ni ofender a su audiencia.
A pesar de las disculpas, las autoridades de Jalisco han intensificado la investigación. Los integrantes de la banda, junto con su representante y promotor, fueron imputados por apología del delito y enfrentan medidas cautelares, incluyendo una fianza de 300 mil pesos por persona y la prohibición de salir del estado hasta la próxima audiencia, programada para el 12 de mayo.
El caso ha reavivado el debate sobre los narcocorridos y su impacto en la sociedad. Mientras algunos defienden estas canciones como expresiones culturales, otros las consideran una glorificación de la violencia que contribuye a la inseguridad en el país. En Jalisco, un estado golpeado por la violencia del CJNG, el homenaje a “El Mencho” ha sido visto como una provocación.
La situación de Los Alegres del Barranco refleja un problema más amplio: la delgada línea entre la libertad de expresión y la responsabilidad social de los artistas. Mientras las investigaciones avanzan, el futuro de la agrupación sigue en duda, con cancelaciones de conciertos en estados como Querétaro y Michoacán, y un creciente rechazo público a la narcocultura.