María Antonia Arreola Valenzuela, exdirectora de Procesos de Investigación de la Secretaría de la Función Pública en Chihuahua, ha sido inhabilitada por un año para ocupar cargos públicos. La sanción, impuesta por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, responde a su presunto ocultamiento de un expediente ligado al exgobernador Javier Corral Jurado.
El caso se remonta a una denuncia presentada en 2019 por el entonces diputado del PRI, Omar Bazán Flores. Según la acusación, Corral habría adquirido propiedades en Ciudad Juárez que no fueron declaradas en sus informes patrimoniales, lo que levantó sospechas de enriquecimiento ilícito.
Arreola Valenzuela, quien formó parte de la administración de Corral, fue señalada por no dar seguimiento al expediente EPRA-79/2019. Este documento era clave para investigar las supuestas irregularidades en el patrimonio del exmandatario.
El magistrado Luis Eduardo Naranjo Espinoza, de la Cuarta Sala del Tribunal, resolvió que la exfuncionaria cometió una falta administrativa grave. La decisión se basa en pruebas que demuestran su conducta irregular al intentar ocultar información relevante.
La inhabilitación impide a Arreola Valenzuela desempeñar cualquier cargo o prestar servicios al gobierno durante un año. Este fallo se suma a otras sanciones recientes contra figuras cercanas a la administración de Corral.
El caso de Javier Corral no es nuevo. En septiembre de 2024, el propio exgobernador fue inhabilitado por el mismo tribunal por un año, también por enriquecimiento ilícito oculto. La sentencia generó controversia, ya que Corral actualmente ocupa un escaño en el Senado.
Omar Bazán, quien ha seguido de cerca estas investigaciones, expresó su esperanza de que las sanciones se mantengan firmes. Criticó la falta de transparencia en la gestión de Corral y señaló que estas resoluciones son un paso hacia la rendición de cuentas.
La resolución contra Arreola Valenzuela pone en el reflector las prácticas de la administración pasada en Chihuahua. El ocultamiento de información patrimonial ha sido un tema recurrente en las acusaciones contra exfuncionarios de ese periodo.
Este caso resalta la importancia de la vigilancia ciudadana y el papel de las instituciones en la lucha contra la corrupción. Las sanciones administrativas buscan garantizar que los servidores públicos actúen con transparencia y responsabilidad.
La sociedad chihuahuense sigue atenta a los desdoblamientos de este caso, que podría tener más implicaciones para otros exfuncionarios. La justicia administrativa continúa revisando expedientes relacionados con la gestión de Corral.