En un nuevo capítulo de irregularidades en Jalisco, dos exfuncionarios de alto perfil, Antonio “N”, extitular de la Secretaría de Salud, y Fidel Armando “N”, exdirectivo del Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal), han sido vinculados a proceso por presuntos actos de corrupción. Las audiencias, que culminaron esta semana, representan un avance en las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción del estado.
Antonio “N”, quien encabezó la Secretaría de Salud durante la administración pasada, enfrenta cargos relacionados con desvíos de recursos públicos. Las acusaciones señalan irregularidades en contratos de asesoría contable y financiera por más de 6 millones de pesos, así como presuntos manejos indebidos que podrían superar los 600 millones de pesos. La magnitud de estas cifras ha generado indignación entre los jaliscienses.
Por su parte, Fidel Armando “N”, exdirectivo de Ipejal, está acusado de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones. Su caso está relacionado con la condonación irregular de un arrendamiento que causó un daño al erario por 3.1 millones de pesos. Este no es el primer señalamiento contra él, pues ya había sido vinculado por la compra de medicamentos a sobreprecio.
Tras intensas jornadas en los juzgados de Puente Grande, el juez determinó prisión preventiva para Antonio “N”, lo que significa que permanecerá tras las rejas mientras avanza la investigación. En contraste, Fidel Armando “N” recibió la medida de resguardo domiciliario, lo que le permite continuar su proceso fuera de la cárcel, aunque bajo estricta supervisión.
La Fiscalía Anticorrupción ha destacado que estos casos son parte de un esfuerzo más amplio por combatir la corrupción en Jalisco. Desde su creación en 2018, esta dependencia ha logrado vincular a decenas de exfuncionarios por delitos como peculado, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la lentitud en algunos procesos ha generado críticas entre la ciudadanía.
El caso de la Secretaría de Salud ha sido particularmente polémico. Las autoridades han señalado que las irregularidades incluyen no solo desvíos de recursos, sino también contrataciones discrecionales que beneficiaron a terceros. Esto ha puesto en entredicho la gestión de los recursos destinados a un sector tan sensible como la salud pública.
En cuanto al Instituto de Pensiones, las investigaciones han destapado una serie de decisiones financieras cuestionables, como inversiones de alto riesgo que pusieron en peligro los fondos de más de 120 mil trabajadores. La magnitud del desfalco, estimado en más de 2 mil millones de pesos, ha encendido las alarmas sobre la protección de los ahorros de los empleados públicos.
Organizaciones civiles y ciudadanos han expresado su preocupación por el impacto de estas irregularidades en los servicios públicos. Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción asegura que seguirá trabajando para llevar ante la justicia a todos los responsables, sin importar su nivel jerárquico.
Estos casos se suman a otros procesos contra exfuncionarios de la administración estatal pasada, incluyendo a figuras de la Comisión Estatal del Agua y el Sistema Intermunicipal de Agua Potable. La acumulación de escándalos ha generado un clima de desconfianza hacia las instituciones públicas en Jalisco.
A medida que las investigaciones avanzan, la ciudadanía espera que se haga justicia y que los recursos desviados sean recuperados. La atención está ahora en los próximos pasos de la Fiscalía Anticorrupción y en si estas acciones lograrán restaurar la confianza en el manejo de los fondos públicos.