La Fiscalía General de Justicia de Estados Unidos ha puesto el foco en los cárteles de la droga, priorizando la investigación de sobornos pagados a funcionarios públicos en el extranjero. Según un memorándum emitido por el Fiscal General Adjunto, Todd Blanche, las autoridades estadounidenses aplicarán con rigor la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) para rastrear estas actividades ilícitas.
El documento, fechado el 9 de junio, establece que las investigaciones se centrarán en casos relacionados con cárteles y organizaciones criminales transnacionales (TCOs). Esto incluye no solo a los funcionarios que reciben sobornos, sino también a las redes de empresas fachada utilizadas para lavar dinero procedente de actividades ilícitas, un problema que afecta especialmente a países como México.
La orden proviene directamente de lineamientos establecidos por el presidente Donald Trump, quien ha instruido al Departamento de Justicia a endurecer las medidas contra la corrupción transnacional. Este enfoque busca desmantelar las redes que facilitan el flujo de recursos ilegales, con un énfasis particular en los cárteles mexicanos, seis de los cuales han sido recientemente clasificados como organizaciones terroristas.
Estefanía Medina, abogada experta en litigios contra la corrupción, señaló que esta nueva directriz aumenta el riesgo para empresas que operan en México. Las compañías, especialmente en el sector financiero, deberán reforzar sus medidas de prevención para evitar ser vinculadas con actividades de lavado de dinero o sobornos.
El memorándum destaca que las investigaciones no solo se limitarán a los sobornos directos, sino que también abarcarán a quienes faciliten estas operaciones. Esto incluye a lavadores de dinero y empresas que sirvan como fachada para ocultar los recursos de los cárteles, lo que podría tener implicaciones significativas para el sector privado en México.
Un reportaje del diario británico Financial Times reveló cómo los cárteles, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), han diversificado sus actividades ilícitas. Aprovechándose de las políticas de importación mexicanas, estas organizaciones contrabandean combustible desde Estados Unidos, utilizando sobornos, coerción y violencia para inundar el mercado con gasolina y diésel a precios reducidos.
Se estima que entre el 16% y el 27% del consumo anual de combustible en México proviene de fuentes ilegales, lo que equivale a entre 172,000 y 290,000 barriles diarios. Este comercio ilícito no solo afecta la economía, sino que también pone en evidencia la magnitud de las redes de corrupción que operan a ambos lados de la frontera.
La prioridad de Estados Unidos en estas investigaciones refleja un cambio en su estrategia contra el crimen organizado. México, por su cercanía geográfica y la presencia de cárteles, se encuentra en el centro de esta nueva política, lo que podría generar tensiones diplomáticas y un mayor escrutinio sobre las autoridades locales.
Este enfoque también plantea desafíos para las empresas que operan en regiones afectadas por el crimen organizado. La necesidad de implementar medidas de cumplimiento más estrictas será crucial para evitar sanciones bajo la FCPA, especialmente en un contexto donde las actividades de los cárteles están cada vez más entrelazadas con el sector privado.
La lucha contra los sobornos y el lavado de dinero no solo busca debilitar a los cárteles, sino también enviar un mensaje claro sobre la tolerancia cero a la corrupción transnacional. Las próximas acciones de la Fiscalía estadounidense podrían tener un impacto significativo en la dinámica del crimen organizado en la región.